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La cuestión crítica del control territorial de las pandillas debe resolverse ya

No es posible aceptar, bajo ningún concepto, que las organizaciones criminales sean las que impongan su voluntad contra todos los mandatos de la ley. Hay que recuperar el terreno perdido, no sólo en los territorios sino en todos los ámbitos de la realidad.
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El día a día de los salvadoreños es una especie de crónica angustiosa de la seguridad perdida, lo cual nos mantiene a todos en un constante ahogo, que constituye sin duda el principal obstáculo para que el país pueda ir desplegando con la normalidad debida su proceso evolutivo. Dentro de ese panorama tan saturado de amenazas y peligros íntimamente vinculados con el auge criminal que ha tomado posición propia en el ambiente, hay fenómenos que no sólo grafican de manera dramática las condiciones adversas en que nos movemos sino que revelan hasta qué punto la organización del crimen ha logrado arraigar en prácticamente todos los ámbitos de la realidad nacional, con las consecuencias nefastas que están a la vista.

La territorialización del control que ejercen los grupos criminales está socavando día tras día la normalidad de la vida nacional, que prácticamente ya no existe. Recuperar dicha normalidad tendría que ser un objetivo de primerísimo orden, tanto para la sociedad como para la institucionalidad en sus diversas expresiones. Ahora ya hasta parece aceptarse espontáneamente que las pandillas se distribuyan sus espacios propios en las zonas urbanas y rurales, con los mecanismos violentos que les son propios para ejercer su dominio; lo cual pone en evidencia que hemos llegado a un punto en que ya se han traspasado los límites de la irracionalidad social y estamos por eso expuestos a todas las contingencias incontrolables.

Las autoridades reconocen que se ha avanzado muy poco en la recuperación de territorios, y tal reconocimiento pone de manifiesto que la institucionalidad sigue estando en un callejón sin salidas identificables. En este punto, como en todos los demás que patentizan el círculo vicioso en que nos movemos, hay que poner todos los empeños necesarios a fin de volver las cosas al estado de normalidad que corresponde para que podamos sentir con base en los hechos que estamos en una sociedad estable, segura y progresista en todo sentido.

Para lograr lo anterior es indispensable e insoslayable hacer que la ley impere sin limitaciones, evasivas ni subterfugios de ninguna índole. La institucionalidad tiene que asumir su rol de manera firme y decidida, sin excusas ni pretextos, para acabar de manera definitiva con todos los abusos y desmanes de los grupos criminales. Y en cuanto al dominio territorial que ejercen dichos grupos, esto debe desaparecer de una vez por todas, haciendo funcionar a plenitud la legalidad que le sirve de base a nuestro esquema de vida democrática, y sin la cual todo lo demás queda en aire, como lo hemos padecido desde hace ya tanto.

No es posible aceptar, bajo ningún concepto, que las organizaciones criminales sean las que impongan su voluntad contra todos los mandatos de la ley. Hay que recuperar el terreno perdido, no sólo en los territorios sino en todos los ámbitos de la realidad; y para ello se vuelve fundamental que la sociedad y las instituciones actúen de manera integrada, hasta ver resultados.

En tanto no se recupere esa normalidad por la que tanto clama la ciudadanía que ya no aguanta más inseguridad ni más atropellos, el país no verá salidas hacia adelante. Hay que tenerlo presente como el máximo desafío de este momento.

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