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La cultura de la limpieza debe convertirse en una norma de vigencia permanente dentro de todo el aparato público

Los partidos se centran en ubicar a los que resultan más confiables para las respectivas dirigencias, lo cual es un factor que tiene su lógica, pero que no debe ser el que lo determine todo. Habría que asegurarse de la capacidad y de la idoneidad de los escogidos, tanto en lo funcional como en lo moral.

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A diario van saliendo a la luz evidencias incuestionables sobre conductas y actos institucionales que están fuera del orden legal o de la sana práctica obligada para todos los que se desempeñan como servidores estatales, y que al darse dentro de las diversas estructuras del aparato público hacen que éste vaya despertando sospechas crecientes y rechazos constantes por parte de la ciudadanía en sus múltiples expresiones. Hay un generalizado sentir ciudadano de rechazo a la proliferación de las malas prácticas en los diversos espacios y niveles de la institucionalidad, lo cual ha hecho crecer en forma acelerada la desconfianza y aun el repudio que siente y manifiesta buena parte de la población frente a las estructuras del poder actuante, con los efectos desestructuradores que sufre por ello el sistema en su conjunto.

Como venimos de una tradición muy nefasta en lo que se refiere a este orden de actividades, la recuperación de valores como la honradez, la responsabilidad, el respeto, la disciplina y la probidad se vuelve una tarea reconstructiva de gran calado y de largo alcance; y no es de extrañar entonces que ejercicios correctivos y sancionadores como la lucha contra la corrupción y el combate a la impunidad tenga que ser una verdadera cruzada para frenar poderes que buscan sacar todas las ventajas posibles y para desarticular mecanismos que en forma abierta o encubierta pretenden encauzar la realidad a su servicio y en permanente sumisión a sus intereses personales o de grupo.

Lo que llamamos cultura de la limpieza no es otra cosa que el acatamiento sistemático de lo que manda la ley, de lo que exige la sana función administrativa y de lo que determina la moral individual y pública. Y eso lo englobamos en el término “cultura” porque lo que se pretende es darle sustancia permanente a una misión restauradora que no puede ni debe quedarse en las medidas ocasionales. Es evidente el vínculo vital entre lo político y lo ético, que hay que destacar y preservar en todo momento y en cualquier coyuntura. Y dicho vínculo hace que la selección de aquellos que van a ir a desempeñar una función pública sea determinante al máximo.

Hasta el momento, las fuerzas partidarias no se han preocupado ni ocupado lo suficiente en rodear dicha selección de las garantías necesarias para que los que lleguen a los cargos tengan no sólo las competencias adecuadas sino también las conductas debidas. Los partidos se centran en ubicar a los que resultan más confiables para las respectivas dirigencias, lo cual es un factor que tiene su lógica, pero que no debe ser el que lo determine todo. Habría que asegurarse de la capacidad y de la idoneidad de los escogidos, tanto en lo funcional como en lo moral.

Para que nuestro sistema político y nuestro esquema gubernamental puedan responder como se debe a lo que el ciudadano quiere y demanda y a lo que la institucionalidad precisa para funcionar de manera adecuada y efectiva, el organismo nacional tiene que estar limpio en todo momento y circunstancia. Sólo si esto se da en las proporciones requeridas podrá hablarse de un conglomerado humano que es capaz de administrar sus energías y de potenciar sus posibilidades en clave de realización.

Hay, pues, que apoyar y consolidar todas las iniciativas destinadas a hacer de El Salvador un sujeto histórico en desarrollo, entendiendo este término en todos sus sentidos y proyecciones.

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