La declaratoria de inconstitucionalidad del Presupuesto General del año en curso es otra medida correctiva para ordenar las finanzas públicas

El propósito de fondo de la resolución aludida es a todas luces garantizar la normalidad presupuestaria, haciendo lo necesario para que se eviten trastornos como el desfinanciamiento y la improvisación. Esto implica lograr que la disponibilidad real sea la que determine el uso de los recursos, viendo el fenómeno como un todo.
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Como era previsible dadas las complejas y desafiantes condiciones en que se está moviendo la realidad del país actualmente, la Sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del Presupuesto General del Estado correspondiente a 2017; y dadas las circunstancias en que tal decisión se produce, lo que ha hecho la Sala es ordenar los ajustes correspondientes que deben ser cumplidos antes del 31 de octubre próximo. Esta es evidentemente una resolución excepcional, porque su propósito es corregir entuertos presupuestarios que se han venido produciendo de manera sucesiva en el tiempo, y que responden en gran medida a un manejo irresponsable de los ingresos y de los gastos, algo que viene señalándose con insistencia cada vez mayor desde distintos ángulos de la opinión ciudadana, sin que hasta el momento hayan sido tomados en cuenta tales argumentos para enderezar los procederes erróneos.

La Sala de lo Constitucional parte de una consideración básica en cuanto al Presupuesto General del año en curso: éste no cumple con los principios de universalidad y de equilibrio que deben caracterizar claramente a un instrumento de dicha índole. El desbalance parte de un tratamiento muy poco juicioso de aquello con que se cuenta y de aquello de que se quiere disponer; y esto se complica más porque también están en juego, como elementos distorsionadores, los abusos del clientelismo político y las tentaciones de aprovechar los fondos públicos para ganar simpatías y para someter voluntades, sin parar mientes en los efectos desestructuradores y pervertidores que todo eso va acarreando.

Entre los puntos que recoge la decisión constitucional aludida están, por ejemplo, los que se refieren a suspender la creación de nuevas plazas así como los aumentos salariales, a revisar y racionalizar el gasto en publicidad, en viajes y en la adquisición de bienes suntuarios, a cesar la contratación de seguros médicos privados para funcionarios de alto nivel, a revisar los escalafones desproporcionados y a controlar la entrega de fondos estatales a entidades privadas, salvo cuando las actividades de éstas tengan relación directa con los fines sociales del Estado.

El propósito de fondo de la resolución aludida es a todas luces garantizar la normalidad presupuestaria, haciendo lo necesario para que se eviten trastornos como el desfinanciamiento y la improvisación. Esto implica lograr que la disponibilidad real sea la que determine el uso de los recursos, viendo el fenómeno como un todo. Lo anterior tendría que ser asumido y cumplido normalmente sin necesidad de tener que ser ordenado por la justicia, y hacia eso hay que tender para que la seguridad y la estabilidad estén debidamente garantizadas en todo momento, como corresponde a una práctica democrática plena.

Esta decisión de la Sala es al mismo tiempo una corrección y una advertencia, porque se está muy cerca de tener que presentar y aprobar el Presupuesto de 2018. Ahora queda claro que si se repiten los errores y vicios vendrá sin duda una nueva declaratoria como la presente. Ojalá, pues, que lo ocurrido funcione como factor preventivo de nuevas irregularidades. Ya no se puede seguir en las mismas, porque el costo de hacerlo resulta cada vez mayor, en detrimento de la buena marcha del país y de los intereses prioritarios de la sociedad.
 

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  • Presupuesto 2017
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