La defensa de la Democracia y el Estado de Derecho

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Centro de Estudios Jurídicos

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El domingo 9 de febrero de 2020, el presidente de la República, con un grupo de soldados y policías, irrumpió en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, sin autorización alguna. Esto fue el culmen de una serie de actuaciones contrarias a la Constitución: antes, el Consejo de Ministros había acordado, sin que existieran presupuestos de carácter extraordinario, convocar a la Asamblea Legislativa a sesionar; y había amenazado con la insurrección popular en caso que los diputados decidieran no asistir a aprobarle un préstamo que se destinaría, entre otras compras de equipos bélicos, a la adquisición de un buque de guerra, drones y helicópteros.

Ante las actuaciones inconstitucionales del Consejo de Ministros y de la coacción bajo amenaza a la Asamblea Legislativa, algunos ciudadanos ejercieron su derecho de presentar una demanda de inconstitucionalidad. El 10 de febrero, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda en contra del acuerdo emitido por el Consejo de Ministros. En la misma resolución ordenó medidas para proteger el sistema democrático, republicano y pluralista, ese donde se respetan la libertad y los derechos fundamentales.

Estas medidas cautelares tienen el propósito de resguardar los principios esenciales de la Constitución salvadoreña. En efecto, el requerimiento de la aprobación del préstamo no encaja en el supuesto por medio del cual se convoca de forma extraordinaria a una sesión de la Asamblea Legislativa, tomando en consideración que no había una necesidad urgente. Por otro lado, la Sala de lo Constitucional consideró que fue un hecho notorio, la amenaza esgrimida en contra de la Asamblea Legislativa, en que, si no se le aprobaba el crédito, entonces, se debía ocurrir la insurrección. Dicho sea de paso, el derecho de insurrección es de los "ciudadanos", no puede surgir de la convocatoria de ningún funcionario, y su propósito es restablecer el orden constitucional vulnerado. En ningún momento hubo una circunstancia que justificara la inconstitucional incursión del ejército y de la policía al Palacio Legislativo, ni mucho menos, el amedrentamiento con la finalidad de coaccionar la aprobación del crédito.

La Sala de lo Constitucional dictó las siguientes medidas cautelares: 1.- Ordenó al Consejo de Ministros, incluyendo el presidente, el cese de la convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa; 2.- Suspendió cualquier otro acto o norma derivado de la convocatoria; 3.- Ordenó al presidente de la República a que se abstuviera de hacer uso de la Fuerza Armada para acciones contrarias a su misión constitucionalmente establecidas, y que puso en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista, y de forma particular la "separación de poderes"; 4.- Ordenó al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las constitucional y legalmente establecidas.

Los hechos del "domingo negro" tuvieron un impacto que generó alarma a nivel nacional e internacional, y no han cesado las expresiones de preocupación de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, cuerpo diplomático, organizaciones internacionales de derechos humanos (como Amnistía Internacional o Human Rights Watch), prensa internacional, calificadoras de riesgo, congresistas norteamericanos y países amigos. No es para menos, se ha amenazado el sistema en el que se sustentan las libertades y los derechos fundamentales.

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