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La defensa gremial y la presunción de inocencia

Siempre hemos rechazado que se dañe la imagen, el prestigio y buen nombre de nuestros colegas abogados, sin que medie una investigación previa que se conduzca de manera profesional, desinteresada y seria.
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Varias veces hemos expresado que no se justifica la persecución de abogados por la sola circunstancia de haber representado, asesorado o solventado una disputa de alguien a quien luego se acusa del cometimiento de ilícitos penales, como igual hemos advertido que no se justifica que se acuse a notarios por el solo hecho de que ante sus oficios se hayan otorgado instrumentos de personas luego investigadas.

En esta columna de opinión hemos exigido a jueces, fiscales, autoridades administrativas, medios de comunicación y al mismo presidente de la República que tengan prudencia institucional cuando de investigar a un abogado se trata o cuando se divulgan los resultados preliminares de cualquier investigación, sin perder de vista cuál es el verdadero alcance de las actuaciones del profesional del derecho y hasta dónde llegan sus verdaderas responsabilidades. Más importante todavía, no se debe olvidar que –como a todos los ciudadanos– también a los abogados se les presume inocentes mientras no se demuestre lo contrario.

Nos parecen propicias estas reflexiones, en virtud de lo acontecido hace unos días con el caso dado a conocer por los medios de comunicación sobre un intercambio de bebés en un centro hospitalario y con las imputaciones que en ocasión de ello se hicieron a un profesional del gremio médico. El caso aún está pendiente, por lo que no podemos emitir una opinión definitiva sobre el mismo; y tampoco es dable basar la misma en sensacionalismos o rumorología.

Sin perjuicio de lo anterior, desde una perspectiva gremial, vale destacar dos puntos: en primer lugar, la decidida labor de defensa gremial a la que se abocaron varias asociaciones profesionales de médicos, quienes oportunamente aportaron valiosos elementos de razón científica que sirvieron no solo para defender el trabajo de su colega, sino para reorientar la opinión pública; y, en segundo lugar, la necesidad de revisar los parámetros legales, y prácticos incluso, en el marco de los cuales se debe interponer una querella criminal, de manera que permita la prevalencia de la presunción de inocencia, garantía fundamental para el establecimiento de un verdadero Estado de derecho.

Esto último implica la necesidad de que la imputación de un ilícito penal a cualquier persona debe apoyarse desde su inicio en el pertinente soporte de prueba técnica científica que garantice la aproximación a la verdad de los hechos investigados.

El movimiento circunstancial de defensa gremial que han hecho las asociaciones de médicos ha demostrado que las asociaciones gremiales de profesionales en nuestro país tienen una destacada participación en la lucha en defensa de los intereses comunes de sus asociados y de los de la sociedad en general. Bajo una visión gremial y profesional, la actitud de los médicos constituye un ejemplo de unidad y fortaleza que los profesionales de las diferentes carreras deben mostrar en defensa de sus agremiados.

Esto propicia que en el CEJ reafirmemos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la labor gremialista y la defensa de los intereses comunes de nuestros asociados.

No tenemos elementos suficientes como para saber si el profesional que ha sido señalado tiene o no una participación en el delito del cual se le acusa, pero sí podemos saber que sin haber sido condenado en juicio, ya ha sido expuesto al escarnio público. En estas circunstancias, la presunción de inocencia no ha tenido prevalencia y eso es algo que esta Institución rechaza, puesto que esa presunción de inocencia se ha considerado como uno de los pilares del ordenamiento jurídico de todo Estado democrático, al establecer la responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando esté debidamente acreditada su culpabilidad.

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