La degradación de la república

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador de destituir a los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general de la República.

Para la CIDH, las destituciones incumplieron "las normas constitucionales que regulan el procedimiento y los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia, tales como debida fundamentación, derecho de defensa y debido proceso. La CIDH insta a El Salvador a respetar al Estado Democrático de Derecho y anuncia que, en respuesta a estos graves hechos, decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para El Salvador con el objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en el país". Con la decisión del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa se vulneró la Constitución y los estándares internacionales para la remoción de operadores de justicia.

La CIDH expresó su preocupación por las destituciones sumarias, la ausencia de causales específicas y fundamentadas, así como la inexistencia de las garantías del debido proceso. Consideró la CIDH que la decisión de la Asamblea Legislativa constituyó un atentado grave a la independencia y separación de poderes en un Estado democrático de Derecho. Por lo que la CIDH urgió al Estado de El Salvador a preservar la institucionalidad democrática y el respeto a la separación e independencia de los poderes públicos. Instó a que se respeten los cargos por el plazo determinado en la Constitución.

Ante las amenazas, acoso y presiones contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional, una experta salvadoreña solicitó medidas cautelares ante la CIDH para la protección de la integridad y libertad de estos. Así como para preservar el funcionamiento de la Sala de lo Constitucional. En estos momentos, la CIDH se encuentra en proceso de decidir sobre su adopción.

Ante la violación a la Constitución, los profesionales del derecho deben advertir a sus clientes, personas naturales y empresarios, tanto nacionales y extranjeros, que hay una gran incertidumbre jurídica. Las actuaciones de estos funcionarios nombrados inconstitucionalmente serán impugnadas por cualquier parte o interesado. De hecho, en todos los casos en que intervenga, sean penales o constitucionales, estarán siempre en riesgo de ser declaradas de nulidad absoluta.

El CEJ llama a la cordura y sensatez de los diputados (as) de la Asamblea Legislativa y que corrijan esta violación del orden constitucional. También llama a las asociaciones de abogados y asociaciones de jueces y magistrados a ser coherentes con sus estatutos y su juramento constitucional, y no permitir que continúen el quebrantamiento de la Constitución. Una verdadera república democrática es el mejor sistema de gobierno para garantizar los derechos constitucionales de todos y brindar la oportunidad de prosperidad para las familias salvadoreñas.

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