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La democracia es también para los partidos políticos

El estimado lector pensará que declaro una simpleza.
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 Le sostengo con mucho respeto, que en la dimensión de los partidos políticos ha sido escabroso aceptar el principio democrático. Desde su origen y hasta hace pocos años (¿meses o días para El Salvador?), el modus operandi al interior de los partidos ha tenido como base la decisión de uno, o de pocos. En la memoria de las élites partidarias, la militancia ha contado solamente para hacer número el día de las elecciones.

Proclamar oficialmente que somos democráticos ha sido fácil. Esa afortunada palabra está presente desde nuestras primeras Constituciones. La vigente Constitución de 1983 no es la excepción. Su Informe Final anunciaba que sus normas garantizaban la “vivencia genuina” del sistema democrático, pues su contenido no era una “simple declaración semántica”. Quizás por ello el constituyente de forma imperativa estipula para los partidos políticos, que sus “normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa”. Primera vez en nuestro ordenamiento tal exigencia.

Para concretar lo anterior, en febrero de 2013 la clase política representada en la Asamblea Legislativa (AL) dio los primeros pasos formales, aprobando la Ley de Partidos Políticos (LPP). Nada menos que con un atraso de 30 años. Sin embargo, con o sin intención, el legislador guardó silencio absoluto sobre un tema medular: asegurar la democracia interna de los partidos. Esa omisión daba materia, con justa razón, para interpretarse así: en nuestro proclamado sistema democrático, los partidos políticos –que son los instrumentos para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno– no quieren ser democráticos. Vaya paradoja.

Por lo anterior, y a iniciativa de tres ciudadanos muy respetados de la sociedad civil, en agosto de 2014 la actual Sala de lo Constitucional declara la inconstitucionalidad por omisión contra la AL, y ordena el cumplimiento de los principios de democracia en los partidos por medio de reglas legislativas. Catorce meses después, en octubre de 2015 la AL reforma la LPP, y establece las normas de las elecciones internas de los partidos para autoridades, y candidaturas a cargo de elección popular que deberán aplicarse por primera vez para 2018.

Aunque la democracia interna de los partidos va más allá de lo reformado, particularmente lo aplaudo. Porque en principio da oportunidad a muchos militantes –que serán mayoría el día de mañana en todos los partidos políticos– a ser dirigentes o funcionarios respetuosos de la voluntad mayoritaria y del espacio merecido de las minorías. Espero no tragarme estas palabras, y por el contrario, ser testigo más temprano que tarde de otras reformas democráticas, por ejemplo, la regulación expresa a formar corrientes internas como parte del derecho de participación de los afiliados. Al respecto pienso que las candidaturas únicas son de la misma escuela del partido único, rechazado por cierto en nuestra Constitución. La democracia es en parte debate, competencia.

En un evento académico reciente, tuvimos el agrado de escuchar a Flavia Freidenberg, especialista en este tema. Como científica social, explicó algunos resultados negativos que se han dado –de carácter electoral e institucional– para los partidos que implementaron elecciones internas. La otra cara, que no debe dar alegría a las cúpulas, es una reflexión contenida en uno de sus ensayos. Expresa que la democracia interna de los partidos tiene la posibilidad de producir efectos en el comportamiento, como “los premios y castigos que los ciudadanos están dispuestos a dar a quienes les representen”. ¿Verdad, estimado lector, que todavía está por verse la democracia interna de nuestros partidos, pero también el nuevo comportamiento ciudadano?

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  • ley de partidos
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