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La desideologización de la gestión económica es fundamental para generar mejorías en función de la realidad

Ojalá que la racionalidad acabe por imponerse, y que los atrincheramientos dejen en todo caso de obstaculizar el avance responsable de nuestro proceso tanto político como económico y social. El Salvador lo necesita y lo merece.
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En todo momento, y especialmente en las épocas más difíciles, hay que tener sentido de realidad puesto en acción. Esto desde luego choca a menudo con las aspiraciones a ganar imagen que proliferan en la gestión pública, sobre todo cuando las líneas de pensamiento que imperan en aquélla se rigen por criterios populistas, que nunca dejan de tener significativos componentes demagógicos. En América Latina se viene padeciendo en las décadas más recientes una erupción de regímenes que han pretendido sin ningún escrúpulo imponer su hegemonía y sustentar su permanencia en los propósitos de un dizque socialismo de nuevo cuño, que propagandísticamente se ha etiquetado como Socialismo del Siglo XXI.

Esa tendencia fue impulsada por el despilfarro de la riqueza petrolera venezolana, en función de establecer continentalmente la hegemonía chavista. El experimento, sin embargo, empezó a fallar muy pronto, como era previsible, y a estas alturas el chavismo es sinónimo de caos, en proporciones casi inverosímiles, y sin ninguna posibilidad de recuperación. Y eso ha hecho que todos los beneficiarios internacionales del despilfarro, incluyendo la izquierda salvadoreña, se las estén viendo a palitos. La lección no puede ser más clara: el populismo, sean cuales fueren las vestimentas que asuma, siempre se ahoga en sí mismo.

En nuestro país, dadas las circunstancias del ambiente y de sus entornos, lo que ha podido activar la línea gubernamental en funciones es una especie de populismo blando, porque la escasez financiera es crítica; pero las tentaciones no se agotan, como estamos viendo ahora mismo en el tema del aumento al salario mínimo. Lo revelador es que, dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo, el sector laboral y el sector empresarial, que son los que se mueven en el escenario productivo, han llegado a un acuerdo razonable de subir el 15% del salario mínimo escalonadamente en el curso de tres años, con 5% cada año, salvo en comercio y servicios donde la subida sería de 4.5% anual. Frente a esto, el sector gubernamental continúa insistiendo tozudamente en una subida incompatible con las condiciones reales de la economía actual, que lleve a 300 dólares el salario mensual urbano y a 250 dólares el salario en el campo.

Lo que vuelve a comprobarse una y otra vez, en cualquier país que sea, es que la ideologización cerrada lo que produce son peligros desestabilizadores y daños previsibles. Lo único que en verdad funciona y se sostiene es el realismo en la toma de decisiones, y esto vale tanto para la izquierda como para la derecha. Y yendo a un punto muy específico, querer imponer en el tema sensible del salario una decisión dizque “justiciera” sin medir las consecuencias de la misma es hacerles cargar de antemano a los presuntos beneficiarios con los costos del impacto que se produciría en las condiciones reales. En el campo, por ejemplo, donde se está viviendo un deterioro sin precedentes, lo que se necesita es estimular creativamente el empleo, en vez de desactivarlo aún más.

Ojalá que la racionalidad acabe por imponerse, y que los atrincheramientos dejen en todo caso de obstaculizar el avance responsable de nuestro proceso tanto político como económico y social. El Salvador lo necesita y lo merece.

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