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La economía informal requiere un tratamiento formal

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El Salvador tiene muchos problemas de interés nacional que necesita resolver con suma urgencia, conciencia y responsabilidad. Uno que no admite más postergación es la economía informal, que representa el 70 % del tejido productivo nacional. De no abordarlo, intervenirlo y tratarlo como debe ser, entonces no habrá más que atenernos a lo que bien sentencia el editorial del pasado viernes 26 de agosto de este periódico: “Muy poco se puede esperar sobre el desempeño económico futuro”.

La realidad de la economía informal es compleja, creciente e indetenible, producto del histórico y largo descuido político del Estado que nunca se ha ocupado de manera seria y formal de buscar un manejo integral a la mal llamada economía informal, que es un extendido escenario en donde la inmensa mayoría de sus protagonistas son trabajadores y trabajadoras que a diario asumen con mucha seriedad y formalidad su angustiante y sacrificada sobrevivencia económica que solo les permite paliar con escaso margen el rigor de una pobreza que muchos no han elegido, pero que las defecciones y deterioros recurrentes del sistema socioeconómico y político nacional les ha impuesto.

De hecho, ahora mismo nuestra maltrecha economía, complicada en productividad y competitividad y agobiada por la inseguridad, apenas permite que las empresas e instituciones formales consigan asegurar la estabilidad laboral aun de su propio personal, que ya es decir bastante; menos pueden ofertar suficientes oportunidades de trabajo a millares de jóvenes que buscan incorporarse al tejido productivo formal.

Esta difícil situación es la que motiva que muchos salvadoreños no vean más alternativa que optar por emprender el infortunio de la migración o insertarse en el aventurado ámbito de la economía informal. Y no está demás decir que ambas opciones lo único que ofrecen son extremos sacrificios.

Por su parte el Estado no puede hacer mucho por atenuar la dificultades de nuestros compatriotas que emprenden su incierto tránsito migratorio; pero sí por quienes deciden realizar sus vidas aquí en la patria, aun cuando no haya más remedio que trabajar en el creciente y desprotegido ámbito de la economía informal, refugio de miles de cuenta propistas y unidades productivas que se desenvuelven en espacios públicos de manera ambulante o estacionaria; como también lo están haciendo miles de profesionales y técnicos independientes de todas las ramas que canalizan sus productos y servicios en condiciones de trabajadores semiformales o informales.

El fenómeno socioeconómico es serio. Basta apreciar los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) del Banco Mundial para dimensionarlo. La Población salvadoreña en Edad de Trabajar (PET) comprende personas de 15 a 80 años de edad. Y son aproximadamente 2,711,630; cifra que incluye la Población Económicamente Activa, que ronda los 705,023 habitantes; los restantes 2,006,607 son hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos que forman el gran contingente laboral de la economía informal; gente en situación de exclusión, marginación y desprotección económica, social y jurídica, que no gozan de derechos laborales ni de cobertura en seguridad social y protección previsional. Las cifras anteriores tienen como base las estimaciones el censo de 2007. En consecuencia, lo más probable es que los datos antes referidos ahora sean mayores.

La economía informal debe ser responsablemente atendida por el Gobierno, la empresa privada y los trabajadores, porque es un tema de Nación que necesita un trato plenamente formal.

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  • economia informal
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