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La elección del fiscal. ¿Hemos aprendido?

El proceso de elección del próximo fiscal general de la República (FGR) ha avanzado. Y hasta el momento, parece que de la experiencia ganada en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pocas lecciones se han aprendido.

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Este proceso inició sin que se hicieran las reformas debidas al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, en cuanto a la elección de funcionarios. Eso a pesar de que desde hace varios meses la Asamblea cuenta con una propuesta de reformas sobre esa materia.

No se comenzó de la mejor manera, pero aún se está a tiempo para corregir el rumbo. Terminaron las entrevistas a los distintos candidatos, y hoy inicia la fase de evaluación. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Consideramos que pocos cuestionarán que aquí se trata de escoger, de entre los distintos candidatos, a quien garantice mayor independencia, y que de mejor manera cumpla los requisitos previstos en los artículos 192 y 177 de la Constitución. Esto último supone que, de entre todos los candidatos a FGR, la Asamblea debe evaluar cuál de ellos goza de mayor moralidad y competencia.

Sí, esos son conceptos jurídicos indeterminados, pero son requisitos constitucionales. Obviarlos significaría incumplir con la Constitución, de manera que es obligatorio que la Asamblea Legislativa le dé contenido a qué significa moralidad y competencia notoria, y qué metodología se utilizará para evaluarlas.

Una manera de hacer tal evaluación es la que organizaciones civiles como Acción Ciudadana, ISD y AUPRIDES propusieron en el anterior proceso de elección de magistrados: los baremos. Muchos diputados expresaron su rechazo a ese mecanismo; pero, a pesar de ello, el proceso de elección del FGR avanza y los parlamentarios adversos a los baremos no han propuesto un instrumento alternativo para evaluar objetivamente a los distintos candidatos. Parece que la opción que quieren mantener es que los ciudadanos confiemos en su discrecionalidad. Eso no es aceptable.

"Los diputados representan al pueblo entero", dice el art. 125 de la Constitución. De manera que ese pueblo merece saber cómo pretenden evaluar a los distintos candidatos a FGR. No es un favor el que se les pide, es el cumplimiento de una obligación democrática.

Otro vicio que ocurrió en el pasado proceso de elección de magistrados de la CSJ, y que debe evitarse en esta ocasión, es la opacidad en las deliberaciones. Varios diputados, incluyendo al mismo presidente de la Asamblea Legislativa, reconocieron en el curso del proceso anterior que los partidos celebraron reuniones privadas para tomar la decisión.

El proceso parlamentario exige publicidad y transparencia. Los ciudadanos deben tener acceso a cómo se desarrollan las deliberaciones en el seno de la Asamblea Legislativa para tomar las decisiones. Más aun tratándose de un tema tan delicado como la elección de magistrados de la CSJ o del FGR.

La prensa debe exigir el acceso a todas las reuniones que realicen las distintas fracciones parlamentarias para discutir sobre la elección del fiscal. Eso, independientemente de que tales sesiones se realicen en las instalaciones de la Asamblea o fuera de ella.

Esperamos que los diputados que sí quieren que el proceso de elección del fiscal sea mejor que el que recién terminó, lejos de permanecer en silencio, se unan a quienes desde fuera impulsamos avances democráticos.

Tags:

  • FGR
  • independencia
  • moralidad y competencia notoria
  • baremos
  • diputados
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