La enigmática votación en la Corte Suprema de Justicia

La semana recién pasada conocimos la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, en la que se ordena iniciar juicio por enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la República Mauricio Funes Cartagena, con base en inconsistencias detectadas en su declaración patrimonial.
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Posterior a la sesión de Corte Plena, el mismo expresidente dio a conocer a través de redes sociales, que nueve de 15 magistrados habían avalado con su voto la decisión. Los argumentos que fundamentan las razones por las cuales los nueve magistrados concurrieron con su voto se dieron a conocer a través de la resolución de la Corte. Sin embargo, a esa resolución no se agregaron votos que justifican la disidencia o abstención de seis de los magistrados, ni se han brindado declaraciones públicas al respecto.

La especulación sobre los motivos que llevaron a los seis magistrados a votar en contra del inicio de juicio de enriquecimiento ilícito sería disipada si las sesiones en las que se discuten los casos se transparentaran a los medios de comunicación y público en general. Nos encontramos en una etapa importante de la historia nacional, donde la lucha contra la corrupción ha puesto en primer plano la ley relacionada con probidad y los mecanismos judiciales que la hacen valer. Dada esa importancia, también trasciende a la palestra la resistencia que pareciera presentarse al impulso de los juicios de enriquecimiento ilícito.

En los organismos colegiados, como lo es Corte Plena, es lógico que entre los miembros de estos se encuentren opiniones encontradas o desacuerdos. Esto se fundamenta en la referencia que hace la Constitución a que en la Corte se representan “las más relevantes corrientes de pensamiento jurídico”, por la cual cada magistrado aporta diferentes enfoques a la resolución de un caso; la discusión que se dé entre ellos llega a su fin con la deliberación y votación, formándose así la voluntad de la mayoría.

Conocer esa voluntad es importante, pero no podemos negar el hecho que buena parte de los magistrados tienen motivos distintos. A los ciudadanos y al gremio de abogados nos interesa saber la justificación de su voto, en el que se evidencie su experiencia y conocimiento técnico, el trabajo en común y su independencia; cuestiones trascendentales en la honradez y competencia notoria que debe regir a nuestros funcionarios, sobre todo a los jueces y magistrados.

Poco a poco, las distintas instituciones públicas están transparentando la información en su poder y poniendo más al alcance de la ciudadanía las decisiones que se emiten. Sin embargo, las sesiones de carácter público en organismos colegiados como el Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas y Corte Suprema de Justicia, e incluso en instancias más específicas como la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, continúan siendo una deuda ante la ciudadanía. La importancia de conocer los debates al interior de estas entidades radica en conocer los argumentos que se discuten al interior de las sesiones y los motivos que llevan a tomar decisiones trascendentales para el país.

De ahí que aprovechemos esta oportunidad para exhortar a la Corte Suprema de Justicia, así como al resto de instituciones públicas que toman decisiones importantes, a que abran sus sesiones al conocimiento de los interesados, pues más transparencia únicamente contribuye a fortalecer el Estado de Derecho a través del control ciudadano de las actuaciones públicas.

En este caso en particular también hacemos un respetuoso pero enfático llamado a los magistrados Ovidio Bonilla, Doris Rivas, Elsy Dueñas de Avilés, Leonardo Ramírez y Paula Velásquez, para que hagan públicas las motivaciones que los llevaron a abstenerse o votar en contra de iniciar el juicio por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Funes. Tenemos derecho a conocer esas motivaciones; sobre todo porque pueden incidir en decisiones venideras.

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