La estrategia es anular el ejercicio de la ciudadanía

La Ley del Agua es un ejemplo poderoso. Diversos estudios gubernamentales han establecido que dos de cada 10 hogares en El Salvador no tienen acceso a agua potable, y sin duda alguna dotar al país de un marco regulatorio que honre el derecho de la población y garantice su acceso al servicio es urgente, una asignatura que el Estado debe fijarse como prioritaria.

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Es progresivamente claro que el equilibrio de poderes en una democracia es más que una convención teórica o una razonable declaración de intenciones: en El Salvador, la acumulación de poder que los votantes avalaron se ha revertido contra ellos en el modo de un gobierno que no dialoga con nadie y está actuando de modo errático.

Archivando todos los proyectos de ley que la anterior legislatura tenía en el tintero, la cúpula en el poder estableció en qué consideración tiene a los diversos actores civiles, sociales, económicos y políticos que participaron en discusiones sensibles como la de una Ley del Agua, de Protección para Periodistas, de Identidad de Género, contra la Discriminación, etcétera. La consideración es cero.

Mientras que para desatar la narrativa de una reforma constitucional, el Ejecutivo delegó al vicepresidente de la República al frente de una comisión e hizo desfilar a un listado heterogéneo de actores con el natural resultado de un montón de pareceres, en otras materias específicas que requieren de un conocimiento técnico, el gobierno ha preferido desplazar la esfera de lo público y dictar de modo sumario.

La Ley del Agua es un ejemplo poderoso. Diversos estudios gubernamentales han establecido que dos de cada 10 hogares en El Salvador no tienen acceso a agua potable, y sin duda alguna dotar al país de un marco regulatorio que honre el derecho de la población y garantice su acceso al servicio es urgente, una asignatura que el Estado debe fijarse como prioritaria.

La confluencia de intereses públicos y privados en esta materia supuso durante años un valladar para que los diputados de diferentes legislaturas diseñaran un instrumento jurídico adecuado. Por década y media, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático no resolvió aun con los insumos de varios de los actores clave en la temática. Ni siquiera los resquemores y ansiedades acerca del agua, su administración y peligros de que se la privatice, bastaron para que la discusión llegara a puerto.

Pero en lugar de retomar todos esos avances, honrando la confluencia de visiones y actores que habían intervenido pese a la larga inmovilidad de los exdiputados, los legisladores oficialistas acordaron mandar al archivo el proyecto de ley, que tenía un avance de 111 artículos de 160, así como descartar las cinco propuestas ciudadanas que también estaban a la mano para abonar al análisis.

La creencia de que un porcentaje superior de las votaciones, una aritmética legislativa favorable o la superioridad de un partido político en el aparato del Estado es licencia para simplificar el proceso de la discusión pública y sustituir la acción de la sociedad civil con procedimientos administrativos es de larga data. ARENA padeció de esa confusión durante algunos de sus gobiernos y Mauricio Funes lo pretendió sin éxito, pero Bukele no se conforma con sufrir la misma tara democrática de los mismos de siempre sino que la quiere llevar a un estadio superior: anular a la ciudadanía.

Donde no hay discusión, donde no se permite preguntar, donde la única participación social que interesa es la de votaciones cada cierto tiempo pero sin acceso a la información pública y manteniendo la rendición de cuentas bajo un control espartano, es imposible ejercer ciudadanía.

Si la persona ve constreñida la dimensión política de su ciudadanía, queda reducida a testigo. Y un pueblo lleno de testigos y libre de ciudadanos es el Parnaso de autócratas, déspotas y corruptos.

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