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La finalización del TPS. ¿Qué podemos hacer?

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Alberto Arene / Economista/analistaInternacionalmente

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Economista/analistaLa lamentable noticia del fin del estatus de protección temporal para casi 200 mil compatriotas en Estados Unidos era esperada por el compromiso antiinmigrante de la campaña electoral de Trump, por su antecedente inmediato en los casos haitiano y hondureño, y porque después de 16 años de “protección temporal” se volvió cuesta arriba persuadir a la administración Trump de prolongarlo nuevamente por causas adicionales a las originales que caducaron hace mucho tiempo.

Tanto a nivel nacional como internacional, la reacción del gobierno salvadoreño sorprendió tanto o más que la esperada noticia, al considerar un “logro” que los compatriotas tengan 18 meses adicionales de plazo, con un tono de victoria y auto-felicitación que contrasta con la gravedad de semejante decisión en un país como el nuestro inmerso en una nueva y profunda crisis histórica. Más allá del intento de administrar de la mejor manera el “control de daños” en una coyuntura electoral decisiva de 24 meses consecutivos de duración, dicha prolongación es lo “menos peor” que podía suceder, debiendo aprovecharse al máximo para impulsar como nación una estrategia de dos carriles, uno en Estados Unidos de naturaleza política, y otro en El Salvador de naturaleza económica, empresarial y social.

El primer carril debe acompañar y apoyar a aquellos de nuestros compatriotas que sean elegibles y puedan acogerse a un nuevo estatus migratorio correspondiente a la legislación vigente, debiendo además coadyuvar a unas reformas de ley en el Congreso que, eventualmente, le permita a nuestra gente acogerse y evitar ser deportados.

El segundo carril debe apoyar y contribuir a abrirles oportunidades económicas y sociales a los retornados, creando condiciones para la seguridad jurídica de las propiedades que ya poseen en nuestro país y las que puedan adquirir, facilitando y eliminando impuestos directos e indirectos al retorno de su dinero, vehículos, menage y haberes diversos, facilitándoles la creación de empresas y negocios diversos, su incorporación al seguro social y el financiamiento del Fondo Social para la Vivienda para la adquisición o ampliación de viviendas.

Complementariamente, FUSADES, ANEP y sus diferentes gremiales empresariales, y el Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, en consulta con diversos empresarios salvadoreños en Estados Unidos, deberán intercambiar y diseñar un plan que potencie la inversión privada de los compatriotas que retornen con capacidades económicas y empresariales en diversos rubros y negocios de la economía nacional. Asimismo, podría estructurarse un fondo de inversión público-privado que capte recursos de los salvadoreños en el exterior que quieran invertir en su país para financiar proyectos diversos de infraestructura, logística, energía y otros que aseguren un retorno competitivo y seguro a su inversión, contribuyendo a la transformación económica nacional.

El gobierno, los principales dirigentes políticos y los principales líderes empresariales del país deberán retomar con mayor prioridad y urgencia nacional el proceso que conduzca a una nueva visión compartida del desarrollo de mediano y largo plazo, y acuerdos nacionales para viabilizarla y ejecutarla. Se trata del impulso de un nuevo modelo de desarrollo, más productivo, exportador y sustentable que se inserte competitiva y exitosamente a la economía internacional. Solo así comenzaremos a arreglar las cuentas pendientes con un modelo de crecimiento económico disminuido perfectamente diseñado para el éxodo sostenido de nuestra población.

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