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La fiscalía electoral...

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Colaborador de LA PRENSA GRÁFICAEn 2014 y 2015 se advirtió sobre las presuntas amenazas a muerte por parte de las pandillas sobre los votantes si estos ejercían el derecho al sufragio o si respaldaban a determinado partido. También se denunció un supuesto secuestro del DUI en buses y colonias para evitar que los electores acudieran a las urnas.

Históricamente los ilícitos cometidos en los comicios no han sido investigados. La Fiscalía General de la República (FGR) no ha contado con el presupuesto necesario para atender esta importante atribución en parte porque también está obligada a perseguir otros crímenes de gran impacto nacional. El nombramiento de fiscales electorales en la mayoría de procesos ha sido escaso. Su labor se ha limitado a obtener copias de las actas emitidas por cada una de las Juntas Receptoras de Votos y a diligenciar unas pocas situaciones sin trascendencia.

Además del reducido personal de la FGR para cuidar el cumplimiento de la legalidad en las elecciones, nuestro sistema no cuenta con una ley especial de delitos electorales. El Código Penal salvadoreño establece un único delito en esta materia al que se le denomina “fraude electoral”. Esta conducta puede adaptarse a nueve circunstancias entre las que sobresalen: “votar sin tener derecho, pagar dinero o especie u ofrecer beneficios particulares para inducir a un elector a votar por un determinado candidato o partido, alterar el registro electoral, sustraer o destruir parcialmente un padrón electoral o cualquiera de los documentos necesarios para llevar a cabo las votaciones, sustraer, inutilizar, sustituir o destruir las papeletas de votación o las urnas en las que se depositarán los votos, impedir u obstaculizar la elaboración del registro electoral y el libre ejercicio del sufragio, coaccionar a un elector para votar a favor de un candidato o violar el secreto del voto del elector, y cambiar, dolosamente, el domicilio para votar en una circunscripción distinta a la que legalmente le corresponde”.

El caso del “come papeletas” a quien se le imputó durante la elección presidencial de 2014 justamente el delito de fraude electoral en la modalidad de “destrucción de material electoral”, por el que podría haber purgado una pena de hasta seis años de cárcel, es uno de los dos precedentes en la historia del país. El imputado fue absuelto porque los fiscales no presentaron el acta que habría comprobado la falta de la papeleta que el joven engulló. El otro suceso que trascendió públicamente en 2015 fue el de 26 personas detenidas por presentar credenciales falsas en un centro de votación de San Salvador. Finalmente se absolvió a 25 de los apresados y uno solo fue condenado a tres años porque se comprobó que fue el encargado de repartir las credenciales al resto de personas. La pena fue sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública.

Los delitos electorales son “aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible”. En sistemas como el mexicano existe una Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales que depende de la Procuraduría General de la República, entidad equivalente a la FGR de El Salvador, que cuenta con presupuesto propio y un número adecuado de fiscales. De la misma manera los actos que constituyen ilícitos penales se encuentran en la “Ley general en materia de delitos electorales”.

La integridad de las elecciones depende también de la vigilancia de este tipo de comportamientos. Ignorarlos pone en riesgo el respeto de la voluntad popular.

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