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La función notarial en entredicho

Es mucho lo que se puede decir sobre la actividad notarial. En un espacio reducido como este solo me concretaré a hacer algunos comentarios, aprovechando las noticias actuales relacionadas con la supuesta alteración de una escritura en el Libro de Protocolo de un notario, según lo ha expresado el fiscal general de la República, todo en el marco de una investigación contra el expresidente Mauricio Funes que es del dominio público.
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La noticia dada por el fiscal de que la escritura encontrada en una caja fuerte no corresponde a la que aparece con ese número en el respectivo Libro de Protocolo que el notario autorizante devolvió a la Sección del Notariado ha generado muchas conjeturas, pues se ha llegado al extremo de afirmar que tal alteración pudo haberse realizado dentro de la referida dependencia.

Por supuesto que en el marco de una investigación se pueden tener varias hipótesis y debemos dejar que la Fiscalía haga su trabajo; a mí en lo personal, me parece que una luz la puede encontrar en la misma Ley de Notariado y en las disposiciones que la Ley Orgánica Judicial señala al respecto a la referida Sección.

Salvo un hallazgo que lleve a otra imputación contundente, el responsable directo de lo que se hace en sus libros de protocolo es el mismo notario y si ese fuere el caso al final de la investigación, creo que el fiscal general debería dar las explicaciones necesarias a la jefatura de dicha dependencia de la Corte, extensivas a su personal.

El ejercicio de la función notarial requiere mucho cuidado y que los notarios jóvenes estén en la disposición de aprender de los buenos y experimentados. Debe recordarse que el notario es un depositario de la fe pública, es decir, es como si fuera el mismo Estado quien controla un acto, contrato o declaración a través de un profesional que antes ha sido autorizado como abogado; por lo mismo, tal función no puede estar en manos de irresponsables, mucho menos de falsarios.

En mi experiencia personal, derivada de mis funciones como jefe de la Sección de Investigación Profesional de la CSJ (1998-2000), pude comprobar que las denuncias contra profesionales del Derecho son mucho más como consecuencia del ejercicio del notariado, que con el de la abogacía, la mayoría de ellas por negligencia o irresponsabilidad en lo relacionado con los registros públicos (CNR) o por incumplimiento de obligaciones tributarias. Muy pocos fueron los casos de falsedades en los que sí tuvo que ponerse en conocimiento de la Fiscalía General.

En la actualidad, el número de notarios ha aumentado considerablemente, pues con las reformas a la Ley Orgánica Judicial, la Corte está obligada a realizar un examen anual que generalmente se efectúa a principios de diciembre. Sobre dicho examen se han expresado cantidad de cosas y ante reprobaciones considerables en años anteriores, hasta se ha considerado incluir requisitos previos, como varios años de ejercicio de la abogacía o la aprobación de diplomados, los cuales por supuesto no los puede impartir la Corte, pues no está dentro de sus funciones.

Lo que sí urge verdaderamente es una nueva ley que regule el notariado, pues no es posible seguir trabajando con la actual que data de 1962, tiempo en que las actividades humanas han aumentado considerablemente, así como el uso de nuevas tecnologías. Desde hace varios años, una comisión de la Corte Suprema de Justicia ha venido preparando un documento muy interesante denominado “Ley de la Función Notarial”, con su correspondiente “Exposición de Motivos”, el cual constituye un grato deleite para el estudio. Dicho anteproyecto debe estar ya en manos de los magistrados, a quienes exhorto a darlo por aprobado y presentarlo a la brevedad posible a la Asamblea Legislativa en virtud de la iniciativa de ley que confiere el art. 133 n.º 3 de nuestra Constitución.

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