La ignorancia o negligencia son condenadas

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Walter Morales / Coordinador de Consultorías

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En la sociedad salvadoreña es frecuente escuchar noticias judiciales en las que se involucra a personas, quienes actuando de buena fe, realizan operaciones o transacciones financieras a solicitud de otros. A una situación similar se refirió el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, en octubre del año pasado durante una conferencia dictada en Lima, Perú, cuando dijo: “En El Salvador nos hemos encontrado con un país de testaferros, en donde los motoristas y domésticas de exfuncionarios son millonarios”.

Esta es una realidad en la que por desconocimiento de ley o por exceso de confianza con terceros nos podemos involucrar en situaciones delictivas, pasa cuando realizamos operaciones bancarias por cuentas a terceros, en actos de comercio de compra y venta de vehículos o de inmuebles que no quedan documentados de manera correcta.

Se da también en diferentes empresas, los contadores registran operaciones pero no las documentan de forma adecuada, en especial con empresas relacionadas, es decir, empresas hermanas que comparten administración o accionistas, en donde no existe respaldo porque es una forma habitual de trabajo, dificultando demostrar el origen lícito de las transacciones que se realizan entre ellas.

Lo anterior es alarmante porque en el artículo 2 de la Ley de Lavado de Dinero y Activos (LDA) se establece que esta será aplicable a cualquier persona natural o jurídica, quienes deberán presentar la información que les requiera la autoridad competente y que permita demostrar el origen de cualquier transacción realizada.

Asimismo, el artículo 9 de la ley refuerza esa resolución, no obstante, la falta de respaldos puede llevar a un delito como casos especiales de encubrimiento culposo, ya sea por ignorancia, impericia o negligencia en el conocimiento de la ley. En este sentido el artículo 8 sentencia: “Si el encubrimiento se produjere por negligencia, impericia o ignorancia inexcusable en las atribuciones de los funcionarios o empleados de las instituciones sujetas obligadas, de los organismos fiscalizadores o de supervisión en que se produce, la sanción será de dos a cuatro años de prisión”.

Un buen ejemplo de este tipo de faltas es la relacionada con el expresentador de noticias Jorge Hernández y su contador, este último por prestarse a realizar operaciones sin documentación de respaldo, en donde muchos procedimientos de empresas relacionadas no fueron justificados, situación que los ha llevado a prisión.

Para evitar verse involucrados en este tipo de situaciones y como especialista en riesgos financieros recomiendo a los salvadoreños que actúan de buena fe: no preste nunca su nombre para actos de comercio (testaferros) en documentación legal, como escrituras públicas o auténticas; tampoco preste sus cuentas bancarias ni realice transacciones simuladas, es decir, en las que la información no contenga evidencia suficiente y competente de respaldo, ya que son operaciones ficticias.

Recuerde que no hay fórmulas mágicas, solo buenas prácticas, para evitar el lavado de dinero, por eso asegure las transacciones documentándolas y nunca se preste o simular negocios de cualquier índole para ocultar o favorecer ganancias de dudosa procedencia, no olvide que cada acto tiene una consecuencia y que por ignorancia, existe condena y por lo tanto, el conocimiento y la educación financiera son imperantes para todos. No existe prevención sin educación.

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