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La infiltración del crimen en las áreas institucionales es una realidad que hay que encarar de frente para asegurar la sanidad del sistema

La delincuencia criminal viene desplegando acción en varios sentidos: principalmente en lo territorial, en lo social y en lo institucional. Y tal accionar responde a un plan que aunque no está definido y articulado como tal evidentemente responde a los objetivos concretos de una fuerza ilegal que pretende regir en cuantos espacios le sea posible.
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Uno de los efectos más depredadores del empoderamiento que ha venido ganando el crimen en nuestra sociedad es que todo el aparato institucional se ve constantemente expuesto a la contaminación infiltradora. Y esto se da en forma no sólo creciente sino cada vez más eficiente. Si se hace un enfoque evaluador de la situación, es muy fácil constatar que en el plano de la autoridad viene produciéndose una especie de repliegue autodefensivo que por supuesto nunca es explícito pero sí muy concreto y reconocible, y en contraste en el plano de la criminalidad lo que se da es un impulso invasor que tiene múltiples manifestaciones en el terreno de los acontecimientos cotidianos.

Hay áreas que son más vulnerables por su propia índole institucional, como es el sistema de prisiones, donde están recluidos muchos de los cabecillas de las estructuras criminales que operan en el país. En cada requisa se encuentran gran cantidad de objetos ilícitos, y es como si las medidas de control nunca tuvieran la efectividad propuesta. En algunos casos se llega a separar de sus cargos a los directores de penales y se procede a investigar a los custodios; pero el mal nunca se erradica en forma progresiva, lo cual demuestra que el sistema deja mucho que desear como tal, de seguro porque el poder infiltrador del crimen y de sus estructuras se ha logrado sobreponer sistemáticamente a la ley y a los que la representan.

Todo lo que se está viendo en el día a día hace sentir que eso que hemos llamado empoderamiento del crimen va incluso más allá de lo que parece. Lo pertinente en las dramáticas circunstancias actuales sería hacer un diagnóstico preciso, sincero y completo de hasta dónde y con qué capacidad ha penetrado el crimen en las diferentes zonas orgánicas de la institucionalidad pública, para tener insumos reales que permitan organizar la lucha contra el delincuencia con verdaderas posibilidades de éxito eficaz y sostenible. Esto es lo que no se ha logrado pese a los variados esfuerzos que se vienen desplegando con esa mira; y la falla consiste en nunca haberse propuesto ir al fondo en todos los sentidos.

Al tener ese diagnóstico con la totalidad de sus componentes constitutivos habría que emprender el rastreo organizado de las filtraciones criminales en todo el aparato institucional, porque es absolutamente previsible que el mal penetre hasta donde menos se imagine, ya que el objetivo de la criminalidad es ir asegurando su presencia en todos los espacios desde donde pueda ejercer control, abierto o encubierto. Nos hallamos, entonces, ante una emergencia estructural permanente, de cuya solución depende que la normalidad pueda tomar impulso.

La delincuencia criminal viene desplegando acción en varios sentidos: principalmente en lo territorial, en lo social y en lo institucional. Y tal accionar responde a un plan que aunque no está definido y articulado como tal evidentemente responde a los objetivos concretos de una fuerza ilegal que pretende regir en cuantos espacios le sea posible. Ante tal desafío, que a diario busca expansiones y penetraciones en todo el cuerpo social, económico y político, cualquier vacilación o desfallecimiento de la institucionalidad hace que la criminalidad gane más terreno.

Este es un momento crítico dentro de esa lucha para asegurar el imperio de la ley. Y de lo que se haga en este momento depende la suerte de nuestro proceso nacional.
 

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