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La infiltración del crimen organizado en las estructuras institucionales constituye uno de los factores más críticos de la actual situación nacional

Cada vez queda más claro que lo que está pasando actualmente en el país es efecto directo de la falta de responsabilidad de aquéllos que han tenido a su cargo el buen funcionamiento de la institucionalidad nacional, manipulada sin escrúpulos por los intereses de turno.
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La presencia invasiva del crimen organizado en nuestro ambiente es una realidad cada vez más devastadora, a la que desafortunadamente no se le prestó en sus momentos de despliegue sucesivo la atención que la gravedad de la situación demandaba. Cuesta entender cómo, desde los más altos niveles de la institucionalidad pública, pudo volverse crónico ese descuido que desde un inicio mostró sus nefastas consecuencias. No cabe duda de que el coyunturalismo de los intereses políticos fue la causa principal de que tal actitud prosperara en el tiempo, independientemente de las posiciones ideológicas y de las posturas políticas de los actores en juego, porque el coyunturalismo aludido viene dándose tanto cuando la derecha como cuando la izquierda han ejercido la conducción principal del proceso nacional.

Desde que hubo cambio en la dirección de la Fiscalía General de la República se vienen sacando a la luz casos de infiltración del crimen en los entes municipales, así como situaciones en las que personeros políticos han estado en contacto directo con dirigentes de pandillas para asegurar beneficios electorales. Y otro tema que se sigue tratando tanto en el plano fiscal como en los ámbitos judiciales es el de la tristemente célebre “tregua” entre pandillas que saltó a la palestra allá a comienzos de 2012. Lo que todo esto indica, más allá de las responsabilidades específicas que desde luego hay que seguir investigando para poner los correctivos del caso conforme a la ley, es que la contaminación criminal en prácticamente todos los tejidos del cuerpo social es un hecho real y comprobable, que de ninguna manera puede ser obviado o disimulado.

La institucionalidad salvadoreña viene estando en alto riesgo desde que el accionar del crimen fue tomando velocidad expansiva en la medida que dejaban de activarse mecanismos eficientes que pudieran contrarrestarla. Cada vez queda más claro que lo que está pasando actualmente en el país es efecto directo de la falta de responsabilidad de aquéllos que han tenido a su cargo el buen funcionamiento de la institucionalidad nacional, manipulada sin escrúpulos por los intereses de turno. Esto es precisamente lo que hay que superar, sean quienes fueren los que están a cargo de la conducción nacional en un momento determinado. Todos tenemos que entrar en razón al respecto, para que nadie pueda sentirse autorizado, en ninguna circunstancia, para poner sus intereses por encima del interés general, que es el que debe prevalecer siempre sin excepción ni excusa de ninguna índole.

Todo indica que la infiltración del crimen es ahora mismo un factor destructivo que lucha de tú a tú contra la institucionalidad establecida. Frente a esto lo que se precisaría de inmediato es hacer un diagnóstico de la situación sobre todo en las instituciones más vulnerables para proceder en consecuencia a las limpiezas correspondientes. Esta no es tarea que se pueda ir dejando para mañana, como es tan común en nuestro ambiente, porque lo que está en juego es la normalidad del proceso nacional, que es la base de la estabilidad en todos los órdenes.

Los entes encargados más directamente de la lucha contra el crimen, como son la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Órgano Judicial, tienen que hacer, desde luego, sus propias labores de investigación interna para sanearse en todo lo que sea necesario, ya que de seguro son ellas las primeras que están en la mira del crimen.

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  • institucionalidad
  • crimen organizado
  • infiltracion
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