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La inflación de derechos

Una corriente que ha tomado fuerza entre los legisladores es la de multiplicar “derechos” y plasmarlos en la Constitución.
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Esa corriente ha causado falsas expectativas entre la población. Las llamadas garantías individuales, principal defensa de los ciudadanos ante excesos de los gobernantes, no implican entregar dinero o bienes a la población, les garantizan la libre expresión de sus opiniones, que no les serán expropiadas arbitrariamente sus bienes o privados de su libertad sin juicio conforme a la ley, ni ser obligados a realizar trabajos contra su voluntad o dañados impunemente en su integridad personal.

En esas garantías van implícitos los derechos humanos básicos: vida, propiedad y libertad, también llamados derechos naturales, porque forman parte de la naturaleza humana. De esos derechos derivan las garantías individuales, que son suficientes para garantizar los derechos humanos, como lo muestra la Constitución de EUA.

Sin embargo, en México por demagogia, populismo o protagonismo, muchos “líderes sociales” y legisladores luchan porque se incorporen a la Constitución como derechos humanos todas las necesidades humanas y como responsable de satisfacerlas el Estado: derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda digna, a la educación, al agua limpia, a salarios y pensiones dignas, entre otros compromisos. Así concebidos, la lista de derechos es interminable: a ropa limpia, a lentes, a transporte digno, a la diversión y a televisión de colores, solo falta que digan de cuántas pulgadas.

Ninguno de los defensores de esos mal entendidos derechos nos dice de dónde van a salir los recursos para que el Gobierno pueda cubrirlos: ¿impuestos, emisiones de dinero o de deuda?

Son necesarios legisladores sensatos que pongan fin a esa diarrea demagógica de derechos, que crean la expectativa de que el Estado tiene la obligación de darles todo a todos: casa, trabajo, educación, alimentos, medicinas y pensiones, entre otros satisfactores.

Qué bueno fuera que todos los mexicanos los tuvieran, pero es demagógico y falaz pensar que por plasmarlos en la Constitución todos los van a tener de un Estado benefactor universal. Ya es tiempo de poner alto a la inflación de derechos, que constituye compromisos legales que ningún Gobierno del mundo puede enfrentar y mantener con finanzas sanas.

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