La información pública es... pública

Hace unos días, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a la Asamblea Legislativa que entregara a un diputado la lista de nombres de los servidores públicos contratados por el Órgano Legislativo en el año 2016. Esa información habría de clasificarse por: a) grupo parlamentario, b) miembros de la junta directiva, y c) dependencia institucional.
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Obviamente, existió necesidad de acudir al IAIP porque en primera instancia, la Asamblea se opuso a entregar la información.

En su decisión, el IAIP señaló que debía detallarse el nombre, cargo y fecha inicial de contratación; y, en cuanto a los salarios y prestaciones, debía detallarse un monto global por cada una de esas categorías.

La semana pasada la Asamblea entregó al solicitante, de forma parcial, esa información. El cumplimiento parcial de esta decisión ya es en sí mismo criticable y muestra, otra vez, la resistencia que aún encontramos en los servidores públicos a transparentar sus actuaciones.

Pero lo más criticable es que la presidenta del Órgano Legislativo incluyó una nota en que exhorta al solicitante a que “haga uso de la información dentro del marco legal y del respeto del derecho de la intimidad de los servidores legislativos, so pena de las responsabilidades legales que genere su actuación”. Y que haya advertido a los diputados y empleados de la Asamblea que “estén vigilantes de la motivación o intereses que el Diputado pueda darle a sus datos personales que a partir de esta fecha obran en su poder”.

La nota de la presidenta de la Asamblea revela su incomodidad en hacer del conocimiento público algo que ya se resolvió que es público.

Las instituciones del Estado no son patrimonio de los políticos que provisionalmente las ocupan. La información que en ellas existe tampoco lo es. El carácter democrático del Estado supone que los ciudadanos tienen el derecho a saber qué se hace con el poder y dinero que entregan a los funcionarios. Es por ello que todos tienen el derecho constitucional de acceso a la información pública.

Los ciudadanos no solo tienen derecho a saber cuántos empleados ha contratado la Asamblea, ni en qué fracciones legislativas o dependencias trabajan. También tienen derecho a saber quiénes son, cuánto ganan, qué funciones desempeñan y si cumplen con los requisitos para ocupar el cargo.

Es el poder y dinero de los ciudadanos el que se ocupa para emplear a ese cuerpo burocrático. Y para que el ciudadano pueda auditar si su poder y dinero se está ocupando bien, necesita conocer esa información. Las reglas en el sector público demandan ese nivel de transparencia. Si a un empleado o funcionario le incomoda tal circunstancia, tiene una opción: renunciar, y buscar trabajo en el sector privado.

La nota de la presidenta de la Asamblea tiene un alcance mucho mayor al que probablemente pretendía. Su esfuerzo por amedrentar al diputado que solicitó la información también implica un mensaje a cualquier ciudadano que obtenga información por la misma vía. Pero –al menos en los ciudadanos– el efecto ha sido el contrario.

Queremos saber, señora presidenta, quiénes son, cuánto ganan, qué hacen y el currículum de los empleados que usted contrató con $30,000 mensuales. Queremos saber quiénes son, cuánto ganan, qué hacen y el currículum de los 799 empleados, a quienes los contribuyentes les pagamos. Queremos saber quiénes son, cuánto ganan, qué hacen y el currículum de los empleados que cada uno de los diputados contrata con un presupuesto mensual de $18,000.

Es inmoral que a los ciudadanos se les niegue saber qué hacen los funcionarios con sus impuestos. Y sería aberrante si, en lugar de usar ese dinero para crear un servicio público profesional y eficiente, se ocupe para alimentar un ejército de oportunistas. Esperemos que no esté ocurriendo.

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