Lo más visto

La institucionalidad democrática después del 28F

Enlace copiado
Javier Castro De León / Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

Javier Castro De León / Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

Enlace copiado

Luego de las elecciones del 28F, se ha reconfigurado radicalmente el escenario político. El electorado decidió darle más poder al presidente de la república, al conferirle al partido de gobierno la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y el control de la gran mayoría de concejos municipales. Con esto, la línea divisoria entre el Ejecutivo y el Legislativo materialmente se ha borrado, generándose con ello diversas implicaciones para el balance de poder, el sistema de frenos y contrapesos y, por ende, en la institucionalidad democrática.

La contienda electoral –tal como lo afirmó la Misión de Observación Electoral de la OEA– se dio en un contexto de alta inequidad, debido al ventajismo oficial, al incumplimiento a las reglas sobre la campaña y a la retención de la deuda política. Sin embargo, el día de las elecciones el proceso se desarrolló con normalidad y la realidad que tenemos para los próximos años es que en el mapa político hay una clara concentración de poder y débiles o nulos controles al poder.

Debe tenerse presente que en una democracia no solo basta la legitimidad de origen, que es llegar al poder mediante procesos electorales libres, legales y justos, sino que también debe haber legitimidad de ejercicio, es decir, que el poder se administre y ejerza con estricto apego al orden constitucional. El hecho de que se cuente con una mayoría calificada parlamentaria para apoyar incondicionalmente al Ejecutivo no significa en modo alguno que tiene un cheque en blanco para incumplir la Constitución, abusar del poder y vulnerar derechos fundamentales de la población. Los funcionarios no deben olvidar ni ignorar algo que parece obvio, pero que se irrespeta a menudo, y es que no tienen más facultades que las que les da la ley y que esta no puede contrariar a la Constitución, y que actuar fuera de ese marco conlleva responsabilidades legales.

El compromiso (o falta de él) de la nueva Asamblea Legislativa con la Constitución se podrá advertir, por ejemplo, en los próximos meses cuando elija funcionarios de instituciones de control, como los magistrados de la CSJ y el fiscal general de la República. Ojalá y no se repitan prácticas inconstitucionales del pasado, como cuando en varias ocasiones se eligió a personas sin la idoneidad ni la independencia para desempeñarse en esas instituciones, tomando como criterio preponderante la vinculación partidaria.

En un esquema político de concentración del poder en el Ejecutivo, debido a que en la Asamblea Legislativa no existen las condiciones para erigirse como un verdadero contrapeso, adquiere especial relevancia el trabajo de la Sala de lo Constitucional como defensora de la Constitución, de la República y de los derechos fundamentales de la población. Por ello, es imperativo que se respete la independencia judicial y la estabilidad de sus magistrados. Asimismo, el rol de la sociedad civil y la prensa independiente se vuelven determinantes para ejercer contraloría social y exigir rendición de cuentas a los funcionarios.

Vienen momentos desafiantes y complejos para la institucionalidad democrática. Al haberse optado por darle mayor poder al presidente de la república esto lleva aparejado también mayor responsabilidad, teniendo la obligación de gestionarlo apegado a derecho, sin extralimitaciones, buscando el bien común de los salvadoreños y procurando la armonía social.

Tags:

  • institucionalidad
  • Ejecutivo
  • elecciones
  • democracia
  • Asamblea

Lee también

Comentarios

Newsletter
X

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Mensaje de response para boletines