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La institucionalidad está a prueba, y la elección de magistrados para la Sala de lo Constitucional es un punto clave

La experiencia ganada en los 9 años anteriores se hallará presente como espejo comparativo, y si eso es bien administrado se podrá garantizar un desempeño que pueda superar lo que antes se hizo.
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Como hemos venido señalando en forma reiterada en la medida que el proceso político nacional se desenvuelve en los tiempos que corren, es en el área institucional donde con más nitidez se van viendo los nuevos signos que caracterizan el avance de dicho proceso. La participación ciudadana ya no es un concepto estático, como lo fue por tradición en nuestro ambiente, sino que en la actualidad es un factor expansivo que viene manifestándose con creciente incidencia en el desenvolvimiento de los hechos, como se constata en el día a día.

En otros momentos del pasado, situaciones como la elección de magistrados que iban a integrar la Corte Suprema de Justicia pasaban prácticamente inadvertidas para la ciudadanía, porque el poder de turno se manejaba de tal manera que podía imponer su voluntad por encima de cualquier otra consideración. Así, la cúpula judicial estaba realmente al servicio de los dictados del Ejecutivo, lo cual era sabido sin consecuencias. De un tiempo a esta parte, eso empezó a girar hacia un manejo mucho más concordante con lo que las funciones propias de cada quien exigen, y de seguro el ejemplo más vivo de ello se dio cuando la Sala de lo Constitucional que asumió en 2009 empezó a manifestarse con independencia sin precedentes.

Ahora mismo, el reto inmediato es la elección de los cuatro magistrados que irán a llenar las vacantes que se produjeron en la Sala aludida a partir del 15 de julio.

La tardanza en la decisión legislativa sobre quiénes serán los escogidos por la mayoría calificada necesaria no es cosa nueva, pero hoy el punto se complica aún más porque las ansiedades partidarias están a flor de piel a raíz de que el ejemplo de la Sala saliente hace que los intereses políticos se crispen, aunque se quiera disimularlos. Por otra parte, las presiones ciudadanas para que el resultado sea seguro y responsable no cesan, conforme a la nueva lógica en juego.

Lo que está por verse, no sólo en el punto de la elección sino también, y muy significativamente, en el ámbito de la actuación de la nueva Sala ya cuando esté en funciones, es qué le espera al desempeño concreto de la justicia constitucional en los próximos 9 años, que son un largo período que coincidirá con 3 administraciones presidenciales. La elección es compleja porque, de hacerse con la seriedad debida, tendría que considerar perfiles personales, componentes actitudinales, capacidades interactivas e inequívocos propósitos de servicio al interés nacional. Y todo esto se irá poniendo en evidencia en cuanto el ente conformado entre en funciones, lo cual, en todo caso, está a las puertas.

Lo que sí resulta completamente previsible es que la nueva Sala de lo Constitucional estará en el foco directo de la atención pública desde el primer instante de su gestión. La experiencia ganada en los 9 años anteriores se hallará presente como espejo comparativo, y si eso es bien administrado se podrá garantizar un desempeño que pueda superar lo que antes se hizo. Ese debe ser el objetivo.

Todos debemos estar en guardia frente al desenvolvimiento de nuestro proceso nacional, con un énfasis especial en lo que corresponde al desempeño de las instituciones. De eso depende en gran medida la sana evolución del país.

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