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La institucionalidad gubernamental tiene que responsabilizarse de sus obligaciones para que el país no siga en la conflictividad constante

Lo que pasa con el FODES, que es una obligación perfectamente identificable ya que cada año hay que dedicar el 8% de los ingresos presupuestarios a su financiamiento, constituye el mejor ejemplo de cómo se trastornan las cosas cuando no se toman en su debido momento las acciones que están mandadas por ley.
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Uno de los malestares más frecuentes de la ciudadanía es el que se refiere al incumplimiento reiterado de los compromisos estatales que derivan de mandatos legales y de compromisos concretos en los diversos ámbitos públicos. El alegato de que no hay fondos disponibles no es razón suficiente para incumplir lo que es responsabilidad asumida, y por eso la ciudadanía está en el pleno derecho de exigir lo que le corresponde, aunque desde luego hay que evitar que la expresión de las demandas cause daños adicionales, como los que se dan cuando se obstaculiza el tránsito sobre todo en horas laborales.

Esto va directamente vinculado con la sinceridad presupuestaria, que es elemento determinante de un buen desempeño en los hechos. La viciosa práctica de distorsionar el Presupuesto General para esconder la necesidad de obtener financiamiento por la vía del endeudamiento con tal de no encarar de entrada la necesidad de mayorías calificadas en la Asamblea Legislativa se vuelve una trampa constante, como puede constatarse cada vez con más frecuencia en nuestro día a día nacional. Lo que pasa con el FODES, que es una obligación perfectamente identificable ya que cada año hay que dedicar el 8% de los ingresos presupuestarios a su financiamiento, constituye el mejor ejemplo de cómo se trastornan las cosas cuando no se toman en su debido momento las acciones que están mandadas por ley.

Pero cuando hablamos de obligaciones institucionales no solamente nos referimos al aspecto financiero, sino que se trata de abarcar todas las dimensiones de la actividad pública. El Estado, en sus diversas ramas, entidades y niveles, está en el estricto e inesquivable deber de actuar con la responsabilidad debida, que tiene siempre como base lo que establece y manda la ley. En otras palabras, lo que hay que honrar siempre y cada día es la vigencia plena del Estado de Derecho, que es el marco inequívoco de todo lo que pasa en el escenario nacional. Si nos ajustamos a él, sin evasivas ni evasiones, el país ira avanzando con la seguridad que se necesita para que todas las energías disponibles cumplan con su misión en la ruta del desarrollo constante y de la sana convivencia.

Como hemos venido señalando cuantas veces ha sido oportuno dadas las circunstancias que se viven, la base de la sanidad institucional y del efectivo mejoramiento social está en la sujeción de todas las conductas, tanto públicas como privadas, al orden legal, a la lógica democrática y a la creatividad evolutiva. Si queremos seguridad, estabilidad y crecimiento en los rangos suficientes es indispensable que la sociedad entera asuma la tarea que le corresponde en forma sistemática y responsable. No basta, como es evidente sin escapatoria, que se busquen remedios de ocasión para urgencias impostergables, como ha seguido ocurriendo en el tema fiscal: es preciso asegurar que el país funcione estructuralmente como tal, y para ello se hace insoslayable asumir la función de país como un todo que se desenvuelve progresivamente en el tiempo.

Entraremos dentro de muy poco en zona preelectoral, y eso hay que tenerlo en cuenta para acelerar en cuanto sea posible la definición de los mecanismos para que el país no se quede atrapado en los obstáculos ni hundido en los baches que caracterizan su trayectoria. Es hora de actuar en común con visión patriótica, que pase de las palabras a los hechos. Si eso se logra habrá muchos beneficios para todos.

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