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La institucionalidad nacional debe enfilarse hacia la credibilidad en todos los órdenes, haciendo de la disciplina la regla de oro de todas sus actuaciones

Aunque la idea del SITRAMSS pueda tener teóricamente aspectos modernizadores, la puesta en práctica estuvo evidentemente marcada por intereses muy específicos, tanto gubernamentales como empresariales, y esto determina su vulnerabilidad legal, lo que ha conducido a la medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional que elimina la exclusividad del carril segregado.
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La cuestión del impago, ya coyunturalmente superado, en el punto de la obligación financiera que tiene el Gobierno con el sistema de pensiones, ha puesto de nuevo en el foco, y esta vez de manera aún más acuciante, la necesidad de entrar en una fase de verdadero ordenamiento de las políticas públicas, de cara a lo que debería ser un comportamiento disciplinado, responsable y consecuente respecto de las mismas. Como se viene haciendo patente en forma intensiva por la misma dinámica de la realidad, no podemos seguir de salto en salto sobre un terreno crecientemente inseguro e inestable, porque eso no sólo no lleva a ninguna parte sino que va debilitando todas las estructuras nacionales con riesgo de crisis cada vez mayores.

En el tema tan crucial del sistema de pensiones, lo más grave es que la institucionalidad gubernamental quiere despojarse de la obligación sin importar el costo que eso acarree, a fin de tener disponibilidad de recursos para cualquier otra cosa, y de ahí deriva el abierto contraste entre la propuesta de reforma que proviene del ámbito oficial y las que se plantean desde distintos sectores sociales. Aquí como en prácticamente todo lo demás lo que se necesita es que la institucionalidad funcione como se lo ordena la ley y como se lo exige la lógica democrática.

No hacerlo así lleva a trastornos como el que ahora se está viendo en el caso del SITRAMSS y también en el delicado asunto del armamentismo ciudadano en comunidades asediadas por la actividad criminal. Aunque la idea del SITRAMSS pueda tener teóricamente aspectos modernizadores, la puesta en práctica estuvo evidentemente marcada por intereses muy específicos, tanto gubernamentales como empresariales, y esto determina su vulnerabilidad legal, lo que ha conducido a la medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional que elimina la exclusividad del carril segregado. Todo esto se produce por no hacer las cosas bien desde un inicio, según lo establece la buena práctica institucional sin sesgos políticos ni intereses encubiertos.

La autodefensa ciudadana frente al asedio del crimen es un fenómeno complejo, que tiene variados componentes. Está, en primer lugar, el derecho básico de la ciudadanía a vivir en forma tranquila y segura; en función de ello debe activarse la responsabilidad institucional de cumplir con la obligación de que sea así; y en todo caso se tiene que mantener siempre incólume el principio de legalidad que es lo que le da sostén a una sana evolución. En vez de enfrascarse en discusiones entre el “sí” y el “no” lo que se tendría que garantizar es que se hace de inmediato todo lo necesario para que la ciudadanía esté segura, la institucionalidad cumpla su deber a cabalidad y todo lo que ocurra se halle dentro del marco estricto de la legalidad verificable.

Como hemos venido reiterando en forma persistente, la problemática que encaramos como país se va tornando más complicada porque muchas cosas se dejan estar irresponsablemente y cuando hay tratamientos éstos tienden a ser dispersos e inconsistentes. Todo eso es lo que hay que corregir de manera sistemática y eficaz a fin de que los problemas se vayan resolviendo en vez de enredarse más por la ineficacia de los enfoques y la inoperancia de las prácticas.

Muchísimas cosas por hacer y por corregir se vuelven líos y nudos cada vez más obstructores de la marcha saludable del país debido a que no hay dinámicas que respondan a lo que aconsejan tanto la razón como la responsabilidad. Hay que tenerlo presente y sobre todo actuar en consecuencia.
 

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