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La institucionalidad pública tiene que estar por encima de toda sospecha sobre su idoneidad y su responsabilidad

En otras épocas del pasado, aun del reciente, no era ni siquiera imaginable que altos representantes de la gestión pública estuvieran señalados por sus acciones u omisiones culpables en el ejercicio del poder; y hoy vemos a algunos de ellos incluso tras las rejas.
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A diario se van destapando situaciones que ponen en entredicho, si no directamente en la picota, el actuar de muchos representantes institucionales, del pasado reciente y de la actualidad en marcha. Esto se ha venido volviendo cada vez más común, y aunque haya muchas resistencias en los planos gubernamentales y políticos a reconocer tal acontecer como un producto natural del avance democratizador que va tomando posiciones en el ambiente, la dinámica esclarecedora se dirige a poner a disposición de la ley las conductas que han vulnerado y transgredido sus mandatos. En otras épocas del pasado, aun del reciente, no era ni siquiera imaginable que altos representantes de la gestión pública estuvieran señalados por sus acciones u omisiones culpables en el ejercicio del poder; y hoy vemos a algunos de ellos incluso tras las rejas.

La manipulación institucional nunca ha dejado de ser una amenaza para el adecuado desempeño de las prácticas públicas, y cuando eso se da las distorsiones y los abusos malsanos y dañinos se vuelven los verdaderos protagonistas de la acción. En los temas más sensibles hay más riesgos al respecto, como se ve en el caso de la tristemente famosa “tregua entre pandillas”, que se lanzó con bombo y platillo allá en 2012. Fue una iniciativa que surgió con augurios que en su momento parecían prometedores en el sentido de entrar en una nueva fase en el tratamiento de la problemática de las pandillas, pero pronto se fueron descubriendo los manejos oscuros al respecto, y hoy se sabe que hubo un juego de maniobras para disfrazar la situación en beneficio de los intereses políticos de turno.

En esta etapa de nuestra evolución política e institucional, lo que va quedando cada vez más patente es que las presiones ciudadanas apuntan a exigir más efectividad y más transparencia, lo cual trae consigo un reclamo creciente de idoneidad y de responsabilidad. En esos cuatro factores está cifrada la capacidad del sistema para funcionar en la forma requerida, y el componente revelador es la transparencia, que no por casualidad se halla hoy en la primera línea de los esfuerzos para promover limpieza y ganar credibilidad.

Aun en las democracias consideradas maduras hay que mantener en guardia los mecanismos que aseguren la vigilancia institucional, porque los vicios y las desfiguraciones siempre están al acecho; y esto se vuelve todavía más imperioso en sociedades como la nuestra, que apenas están haciendo las primeras jornadas en la ruta del buen gobierno, de la sana competencia y del respeto generalizado. Sólo la eficaz y sostenida puesta en vigencia de tal compromiso puede dar seguridades fundadas de que se va por la vía correcta.

Para que el sistema de vida vigente sea capaz de superar sus deficiencias y de subsanar sus insuficiencias es preciso que la gestión pública responda de manera integral a todo lo que se requiere de ella según los imperativos que la realidad misma le va poniendo enfrente. Son las instituciones las llamadas, en primer término, a cumplir con dicho mandato, de cuyo buen desempeño dependen tanto el progreso social como la estabilidad nacional.

El que la institucionalidad en su conjunto orgánico realice su labor con la oportunidad y la satisfacción que corresponden es la mejor garantía de que El Salvador será realmente sostenible como proyecto de vida de todos sus nacionales.
 

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