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La jungla política (II)

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Juan Héctor Vidal

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Elecciones indirectas. A medida que se ha ido despertando una mayor conciencia colectiva sobre el acontecer nacional –producto sin duda de la apertura democrática–, la crítica social frente al comportamiento de quienes nos gobiernan se ha tornado más consistente, permanente y aguda. Es entendible, entonces, la mayor atención que hoy en día se le presta a los procesos electorales –sus resultados y desarrollos posteriores– mediante los cuales se designa al presidente de la república, a los legisladores y a los concejos municipales. Menos interés concitan, para la mayoría, las elecciones de segundo grado o indirectas a cargo de la AL, a pesar del poder político que a través de ellas se traslada a otros entes del Estado.

En cualquier caso, y a primera vista, esto explicaría la lucha sin cuartel que se observa entre las diferentes fracciones para hacerse de, o ejercer predominio en, instituciones o entidades como la CSJ (especialmente la SC), FGR, CCR, o el TSE. Pero de ahí a concluir que es la búsqueda del poder por el poder mismo lo que lleva a los partidos a exhibirse ante la sociedad es caer en un simplismo extremo, cuando no en una ingenuidad rayana. Es más, por mucho que uno crea que esos forcejeos terminan fortaleciendo la institucionalidad democrática, no se puede pasar por alto que esas cuotas de poder también se convierten, en la mayoría de los casos, en vehículos para manipular procesos, buscar protección e incluso garantizar impunidad frente los excesos cometidos por propios y extraños. Por ejemplo, en los sonados casos de corrupción detectados últimamente, ¿quién dudaría de la responsabilidad que les corresponde a la FGR y a la CCR, entidades que en su momento no cumplieron con sus responsabilidades constitucionales y hasta se volvieron cómplices de delincuentes que saquearon el erario nacional?

Hoy estamos a las puertas de la elección de los magistrados del TSE, pero igual que en ocasiones anteriores, el proceso –iniciado con la selección de ternas– ya está siendo cuestionado por instancias u organizaciones de la sociedad civil, porque a los partidos les vale un comino la resolución de la SC anterior, que inhibe la inclusión de candidatos afiliados o vinculados a los mismos. Es más, en el caso de la propuesta (ya presentada) nada menos que por la CSJ, se ha interpuesto un recurso por parte de un reconocido abogado constitucionalista, debido a que, a su juicio, tampoco cumple con dicho mandato. Igualmente, se ha conocido que, habiendo comenzado la etapa de entrevistas a los postulantes, se está replicando la ineficacia de procesos similares anteriores, en el sentido de que no se está valorando adecuadamente la idoneidad para el cargo.

Dentro del cuadro poco definido que se observa en esa oportunidad, destaca el cisma en el interior de GANA, un partido cuestionado por muchas razones, pero que al haber patrocinado la candidatura presidencial del señor Bukele y no haber tenido acceso a puestos claves en el grupo primario del presidente parece estar conspirando, a cualquier precio, para hacerse del TSE. Obviamente todos los partidos aptos para designar sus respectivas ternas están en pleno derecho de tratar de hacerse de posiciones beligerantes en un entramado político pocas veces observado. Esto no tendría por qué alarmar mucho, si no fuera por lo que está en juego con las elecciones legislativas y municipales de 2021.

En este contexto, los dos partidos que por 30 años detentaron el poder deberían aceptar sin excusas la responsabilidad que les corresponde en la grave situación por la que atraviesa el país en todos los órdenes. Esto los obliga a mantenerse vigilantes para evitar que se deteriore la institucionalidad democrática, que tanto ha costado construir. La experiencia nos enseña que todo proceso político-democrático siempre corre el riesgo de involución. Por asociación, debemos ponerle atención al lado oscuro que subyace en las elecciones de segundo grado.

PD. Mucho cuidado con el compromiso adquirido por Guatemala como "tercer país seguro".

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