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La justicia

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Sandra de Barraza - Columnista de LA PRENSA GRÁFICA

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El Estado es el responsable de garantizar la justicia social y es responsable, también, de garantizar el derecho individual al honor. Todos somos iguales ante la ley, dice la Constitución de la República. Todas las personas tenemos la libertad de entrar, de permanecer y de salir del territorio salvo las limitaciones que establezca la ley. Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público ni lesione la moral, el honor ni la vida privada de los demás.

Ninguna persona puede ser privada de su derecho a la libertad sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes. La persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja, ilegal y arbitrariamente, su libertad y cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad e integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas. Toda persona a quien se le impute un delito, se presumirá inocente mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se garanticen todas las garantías necesarias para su defensa. Toda persona tiene derecho a un defensor.

Esto que está escrito hay que releerlo, comprenderlo, recordarlo, apropiarlo y ejercitarlo. Lo primero, releerlo, porque todo este contenido es parte de nuestro contrato de convivencia social y política. Está incluido en distintos artículos de la Constitución de la República y en todos los centros educativos, públicos o privados, civiles o militares, se establece obligatoria enseñanza. Ningún escolarizado, que somos la mayoría, puede asumir ignorancia. Y si no se conoce, tenemos problema con la responsabilidad en el ejercicio de la docencia. Se confía en que todos los ciudadanos estemos sabedores de estos derechos. Y que si se afectan seamos capaces de recurrir a las instancias indicadas.

El desafío es la apropiación y el ejercicio, consciente y responsable, de lo que manda la Constitución de la República. La apropiación de los derechos personales y los del prójimo es necesaria porque la dinámica de los sucesos nacionales genera condiciones favorables para que cualquiera esté tentado a usurpar funciones ajenas. Sorprende la facilidad con la que los usuarios de redes, actores sociales y ciudadanos inconformes se convierten en jueces acusando, a diestra y siniestra, sin respeto mínimo a los derechos civiles y políticos individuales ni a los procedimientos institucionales legalmente establecidos.

Nos estamos acostumbrando a acusar, a enjuiciar y también a condenar sin llegar ni siquiera a la puerta del juzgado. Esto es atentatorio a nuestro Estado democrático de derecho y a la necesaria cohesión. Hay que conocer las leyes, hay que identificar las instituciones y hay que seguir los procedimientos. El Órgano Judicial tiene mucha tarea por hacer. La Fiscalía tiene mucha tarea por hacer.

Las instituciones hacen su trabajo siempre y cuando estén lideradas por personas competentes, responsables y comprometidas con sus funciones y atribuciones. Y esta es la deficiencia de la que muchos ciudadanos nos quejamos. Las instituciones no cumplen con sus funciones y se nos va olvidando para qué fueron creadas. El próximo dirigente del Órgano Ejecutivo tiene el gran reto de evaluar la institucionalidad y adecuarla a las nuevas exigencias de desarrollo. Muchas instituciones del Órgano Ejecutivo se han quedado en el pasado y conviven con otras que compiten por las mismas atribuciones. Ni una ni la otra las asumen y esto no es justo para la población que las financia.

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