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La ley

¿El legislador tiene límites en cuanto a contenido y alcances de la ley que va a decretar? Se responde: puede llegar hasta donde se lo permite la Constitución.

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José Enrique Argumedo - Exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ

José Enrique Argumedo - Exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ

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El Código Civil salvadoreño expresa en el artículo primero que ley "es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite". La definición dada se refiere a ley en sentido estricto. La ley en un sentido amplio se considera que es todo el derecho escrito, incluyéndose ahí los reglamentos. En un sentido amplísimo para el lenguaje común, el término ley abarca todas las fuentes del derecho, así encontramos frases como: la costumbre es ley, la sentencia es ley.

Bien sabemos que según el artículo 83 Cn. la soberanía reside en el pueblo y que como este no puede ejercerla directamente, la ejerce mediante sus representantes, en este caso por medio de los diputados. La voluntad soberana se debe ejercer en la forma prescrita por la Constitución, por lo que si no es en esa forma, definitivamente no es ley. En ese orden García de Enterría sostiene acertadamente, entre tantos autores, que "no se legitima cualquier mandato normativo, sino solo aquellos que se producen dentro de la Constitución y en su orden de valores".

Entre los medios de defensa del orden constitucional a que hicimos referencia en artículos anteriores, se encuentra el proceso de inconstitucionalidad de las leyes contenido en el art. 183 Cn. La inconstitucionalidad de una ley puede ser de forma o de fondo. Aquí en el artículo citado del Código Civil tenemos la inconstitucionalidad de forma. En esa época (vigente desde 1860) que todavía no se tenían tribunales constitucionales, que no existía el proceso de amparo, y el control constitucional estaba reducido al hábeas corpus, ya se tenía enunciado una causa de inconstitucionalidad, sin estar determinado aún cómo operaría. Buscando también el constituyente afianzar el cumplimiento de la Constitución, dejó también escrito en el art. 185 que cualquier juez –no solo la Sala de lo Constitucional– puede cuando le toque pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley contraria a los preceptos constitucionales. La Constitución autoriza que un juez pueda dejar sin inaplicación en un caso concreto una ley aprobada por unanimidad y sancionada por el presidente de la República, que considere que vulnera la Constitución.

Entre las varias críticas a la definición del Código, tenemos la que sostiene que dicho artículo no es ley, ya que no manda ni prohíbe ni permite nada. Replico que sí lo es, porque manda como debe de ser la ley, ya que si no es en esa forma indicada, por fuerza tenemos que concluir que no es más que una falsificación de ley, aunque seguirá existiendo hasta que un tribunal del órgano judicial así lo declare.

Surge una pregunta: ¿el legislador tiene límites en cuanto a contenido y alcances de la ley que va a decretar? Se responde: puede llegar hasta donde se lo permite la Constitución, no solo tomando en cuenta la forma como estableció el Código Civil, sino también ya cuestiones de fondo. En ese sentido no podría emitirse una ley autorizando monopolios a favor de particulares, porque iría contra el artículo 110 Cn.; tampoco una ley estableciendo que no todos los nacidos en El Salvador sean salvadoreños, salvo que sus padres tengan residencia en el país, porque iría contra el art. 90 n.º 1 Cn., o que se omita recibir el informe de labores de los ministros, porque iría contra el art. 131 n.º 18. La vinculación a la Constitución de la ley es fundamental.

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