La libertad de expresión

Nuestra Constitución dice en el art. 6 que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás.
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Tal disposición otorga jerarquía constitucional al derecho que tenemos todas las personas para expresar nuestras ideas y opiniones libremente. Desde luego que al tratarse de un derecho que no puede calificarse como absoluto, es cierto que en algunos casos y ante determinadas circunstancias, puede tener que ceder ante un derecho contrapuesto.

Pero como lo ha reconocido nuestra jurisprudencia constitucional, la libertad de expresión, constituye desde la perspectiva subjetiva, una manifestación de la dignidad, la libertad y la igualdad de la persona humana, siendo por ende un derecho fundamental que integra, junto con otros derechos, el núcleo básico del estatus jurídico de la persona. Y en su vertiente objetiva, se trata de un derecho estructural de la democracia y del orden jurídico establecido en la Constitución.

También se ha dicho que esta libertad de expresión consiste en la libre transmisión, emisión, divulgación, distribución o comunicación o recepción de ideas o informaciones de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de la elección del titular.

En El Salvador, el ejercicio de este derecho estuvo fuertemente limitado por varios años; casi desaparecido dirían algunos. Costó muchas vidas su ejercicio pleno y de ahí que tengamos que valorarlo y protegerlo en su exacta dimensión.

Nuestra misma asociación ha experimentado lo anterior, pasando de una época de pronunciamientos y actuaciones realizadas casi en la clandestinidad, a una época en que decimos abiertamente lo que pensamos.

Para ser más específicos, desde el 30 de julio de 1998, apareció por primera vez nuestra columna en este periódico, permitiéndonos cumplir así con uno de nuestros objetivos estatutarios: difundir y orientar a la ciudadanía sobre aspectos de la vida jurídica nacional, en busca de la consecución de un estado de derecho pleno.

Desde entonces, lunes a lunes hacemos uso de nuestro derecho a expresar nuestra opinión, plenamente conscientes de que nuestras críticas, comentarios y propuestas pueden en algunos casos tocar fibras sensibles. En más de alguna oportunidad hemos tenido enconadas reacciones, pero en la búsqueda del imperio del derecho, confiados en la protección constitucional y comprometidos con hacer país, nunca hemos desistido de decir lo que pensamos.

Muchos de nuestros miembros también participan ejerciendo este derecho, opinando, criticando y aportando en distintos medios. Con los desafíos que presenta nuestra democracia, podemos decir que, en términos generales, sí existe libertad de expresión en nuestro país. Aunque eso no quiere decir que no pueda hacerse más por su utilización y protección.

Por eso vemos con espanto lo ocurrido recientemente en una de las más consolidadas democracias en el mundo. Las acciones terroristas llevadas a cabo por un grupúsculo de fanáticos religiosos contra un medio francés son completamente reprochables y condenables se les mire por donde se les mire. Lo ocurrido en Francia es además una afrenta directa a la libertad de expresión del pensamiento.

El CEJ se solidariza con el pueblo francés, y aprovecha la oportunidad para hacer un llamado a reflexionar sobre el esmero que debemos poner en mantener vigente en nuestro país esa libertad que tanto sufrimiento ha costado. Y una de las formas para hacerlo es ejerciendo tal libertad.

Expresémonos, critiquemos, señalemos todo aquello con lo que no estemos de acuerdo, denunciemos, aportemos. Se trata de un derecho que no es patrimonio exclusivo de nadie.

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