La libertad de expresión y de información como estándar democrático

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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El 8 de junio de 2021, el ministro de Seguridad expresó públicamente que se realizará un seguimiento a periodistas por cometer apología del delito, regulado en el artículo 349 del Código Penal. Según el ministro de Seguridad, los periodistas cometen este delito al hablar sobre hechos delictivos en sus notas periodísticas.

Es necesario aclarar que la apología del delito se refiere a cualquier acción, oral o escrita, en la que se enaltece o se ennoblece algo, presentándolo como beneficioso o como ejemplo a imitar, creando de este modo un ánimo o voluntad en su favor. En ese sentido, la apología del delito no se comete cuando meramente se informa al público sobre el cometimiento de un delito, puesto que tal interpretación sería inconstitucional a la luz de lo dispuesto en el artículo 6 inciso primero de la Constitución de la República.

Al respecto, la referida disposición desarrolla el derecho a la libertad de expresión y establece que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho, según el referido artículo, no estará sujeto a previo examen, censura ni caución pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan.

Según la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este derecho constitucional a la libertad de expresión constituye un valor que de perderse o menoscabarse, pone en peligro la vigencia y efectividad de los principios esenciales de una sociedad democrática. De este modo, dicha libertad es una condición indispensable para que las personas puedan ponderar opciones informativas diversas e incluso contrapuestas, contribuyendo a formar su opinión y conocimiento para la toma de decisiones trascendentales.

En ese orden de ideas, si bien dichas libertades poseen límites concretos conforme al texto del artículo antes citado, como lo son el orden público, la moral y la vida de los demás, también es cierto que dicha disposición establece que el ejercicio de tal derecho no podrá estar sujeto a examen previo o censura, lo cual, integrando lo dispuesto en el artículo 13 números 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y relacionado con el artículo 144 inciso primero de la Constitución de la República, implica que tampoco puede restringirse por vías o medios indirectos.

Esto cobra particular importancia cuando el derecho a la libertad de expresión es ejercido por los medios de comunicación, ya que estos tienen la labor de informar a la población acerca de los sucesos que acontecen en el día a día en el país. Procesar penalmente a periodistas por cubrir en sus notas el acontecimiento de hechos delictivos no solo implica una flagrante vulneración al derecho a la libertad de expresión, sino que también constituye un mecanismo para amedrentarlos y censurarlos, siendo que de esa manera la población no se podrá percatar de los mismos.

Como Centro de Estudios Jurídicos condenamos estos señalamientos que no solo vulneran el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, sino que también el derecho de la población a informarse de los acontecimientos de interés nacional.

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