La limpieza del aparato público sólo puede garantizarse si los que ejercen el poder institucional se comprometen a ello

Evidentemente, estamos hoy en una era de destapes, y lo que va quedando cada día a la vista es un reguero de abusos y de aprovechamientos indebidos que parece no tener fin.

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Uno de los dinamismos reparadores más notorios en la actualidad es el que se refiere a destapar abusos en el ejercicio de las respectivas funciones, especialmente en los niveles más altos de la gestión gubernamental. Es muy importante contrastar lo que pasa hoy al respecto con lo que pasaba en tiempos aun muy recientes, cuando casi todo el accionar dentro de las instituciones públicas estaba cubierto por impenetrables velos de impunidad. Evidentemente, estamos hoy en una era de destapes, y lo que va quedando cada día a la vista es un reguero de abusos y de aprovechamientos indebidos que parece no tener fin. Este cambio direccional de los acontecimientos debe ser valorado, entonces, como una mutación constructiva que está fortaleciendo la salud del sistema nacional.

Lo que resulta notorio es que los procederes corruptos se manifiestan de las más variadas formas, como si hubiera un impulso de “especialización” en el campo de los abusos, hasta llegar a las prácticas que parecen más imaginativas en el peor sentido del término. Ahora, para el caso, y en referencia al tema del nepotismo tan arraigado en el ambiente institucional, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) está recomendando sancionar legalmente el llamado “nepotismo cruzado”, que se da cuando los funcionarios se entienden para nombrar parientes o mejorar condiciones específicas de los mismos, haciendo invisibles los verdaderos vínculos directos.

A medida que se van investigando situaciones de abuso en el ejercicio de las respectivas responsabilidades se pone más y más de manifiesto que el aparato público está altamente contaminado por los diversos virus de la corrupción institucionalizada. Los entes encargados de garantizar la legalidad de las actuaciones de todos los funcionarios en sus diversos niveles, y en particular la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial, deben seguir haciendo su trabajo en forma sistematizada y abierta a los ojos de todos, conforme lo establece la ley y lo exige la democracia.

Nos referimos a la salud del sistema nacional y efectivamente de eso se trata: de que no haya zonas oscuras donde los gérmenes malsanos proliferen ni puedan mantenerse activas de ninguna manera las formas de actuación que desnaturalicen el quehacer institucional normal. Desde los organismos locales hasta las cúpulas políticas y de Gobierno, las prácticas saneadoras y preventivas tienen que hacerse valer sin reservas ni excepciones de ninguna índole, todo ello en función de que la auténtica normalidad se establezca como norma de vida en todo sentido.

Entre otros vicios que han venido proliferando en el curso de las décadas más recientes, el clientelismo y el nepotismo son comportamientos depredadores que socavan la buena marcha de cualquier proceso nacional, y así puede constatarse de muy variadas maneras por diversas vías en nuestro ambiente. Lo que hay que activar y garantizar sin ningún tipo de excusa es que todos los que lleguen a ocupar posiciones en el aparato estatal, independientemente del nivel de las mismas, cuenten con la idoneidad, la capacidad y la credibilidad que los respalden para  asumir a plenitud sus correspondientes desempeños y ejercer a cabalidad sus respectivas atribuciones.

En todo momento hemos insistido en la necesidad de que los servidores públicos, cualesquiera fueren su rango y su poder, estén justamente al servicio del bien común. Aquí no hay desvío justificable ni relatividad sustentable. Y el hecho de que la atención ciudadana esté cada vez más puesta sobre este tipo de realidades tan decisivas para la buena marcha del país conforta y da confianza.

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