La lucha contra el crimen organizado debe ser prioridad en el proceso de construir un ambiente con seguridad estable

Con los que quebrantan o rechazan la legalidad, de cualquier tipo que sean sus acciones, no se puede entrar en ninguna forma de arreglo que apañe la impunidad.
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El Salvador está en la ruta del narcotráfico hacia el Norte, y tal condición viene generando una gran cantidad de trastornos derivados del accionar del crimen organizado que en gran medida se dedica al comercio de la droga. Este es un fenómeno que contribuye de manera decisiva en la inseguridad reinante en nuestro país y en todos los otros que forman parte de la ruta. La organización del crimen se ha expandido de manera creciente, haciendo uso de todas las maniobras a su disposición, y en ese sentido los grupos pandilleriles hacen creciente alianza con las fuerzas del crimen, convirtiéndose en parte de ellas. Actividades como el narcomenudeo estimulan la guerra entre las pandillas, con los efectos destructivos que están a la vista.

Es de importancia primordial que la autoridad se ejerza como tal en toda esta temática que se va haciendo cada vez más expansiva y desafiante. En esa línea, el hecho de que en los últimos 2 meses se hayan producido 5 capturas de narcolanchas camufladas en nuestro mar territorial es una buena señal de que el control es posible; pero desde luego hay que hacer mucho más para que se haga sentir que la autoridad está tomando control.

El crimen organizado, en sus diversas expresiones y manifestaciones, se sofistica en forma progresiva, aquí y en todas partes; y lo que habría que lograr es ir saliéndole adelante, para lo cual se requiere, de modo indispensable, el concurso de todos los afectados; en este caso, los países productores de la droga, los países de tránsito del comercio de la misma y el principal país de destino en el Norte. En tanto no haya una auténtica estrategia conjunta, que integre a todos esos actores, poco se podrá hacer para que las cosas vayan cambiando favorablemente en pro de la legalidad y la seguridad en todo el mapa que abarca dicha problemática.

Hay que tener muy presente que a estas alturas, y vistos los hechos tal como se producen en el día a día, no es posible deslindar al crimen organizado como tal de la actividad pandilleril. Por ello, los enfoques y las estrategias que se activen desde el ámbito de la institucionalidad encargada directamente de esta lucha –como son en primer término la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República– tienen que estar en línea con lo que es la magnitud del reto al que se enfrentan. Las ambigüedades y las medias tintas, que han producido figuras deformes como fue la “tregua” entre pandillas, que hoy de alguna manera se intenta reponer de manera aún más artificiosa y peligrosa, complican mucho más las cosas que ya de por sí son tan complicadas, y deben ser trascendidas claramente por un accionar institucional que cumpla con dos objetivos básicos: lograr que la ley impere sin tapujos y hacerle sentir a la ciudadanía que eso es así de manera cierta, comprobable y permanente.

A lo que todos debemos comprometernos sin excusas ni pretextos de ninguna índole es a que impere el Estado de Derecho. Con los que quebrantan o rechazan la legalidad, de cualquier tipo que sean sus acciones, no se puede entrar en ninguna forma de arreglo que apañe la impunidad. Hacerlo, como está evidenciado hasta la saciedad, erosiona al sistema de manera impredecible.

Ya todo esto ni siquiera debería ser objeto de controversia. Es cuestión de responsabilizarse en el tratamiento del fenómeno real, poniendo al bien común en primera línea. Un bien común que demanda seguridad, exige legalidad y requiere estabilidad.

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