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La lucha contra la corrupción depende de la elección del fiscal general de la República

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Javier Castro De León / Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

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La Fiscalía General de la República (FGR) es una institución clave para combatir la criminalidad, corrupción e impunidad, tal como se ha visto en las investigaciones y en los procesos penales de la llamada "Gran Corrupción", como por ejemplo en los casos conocidos como "Destape de la Corrupción" y "Saqueo Público", los cuales son muestra de este tipo de problemas serios que agobian al país. Es por ello que la FGR debe ser conducida por la persona que tenga el perfil correcto, pues de lo contrario los problemas que está llamada a resolver, o no se solucionan o se empeoran.

Como expresé en esta columna hace algunas semanas, la institucionalidad del país está a prueba, pues se están llevando a cabo los procesos de elección de magistrados de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general de la República. El primero ya debió haber concluido, pero lamentablemente lleva 4 meses de retraso, por lo que vino a traslaparse con el segundo proceso, el cual inició hace algunas semanas por parte de la Asamblea Legislativa, habiéndose recibido 33 postulaciones para ejercer el cargo. Esta situación coyuntural de coincidir ambas elecciones de funcionarios y que viene a incrementar el riesgo de reparto partidario, no debió suceder, pues los retrasos en las elecciones de segundo grado de funcionarios por parte del Órgano Legislativo, aunque ya sea costumbre no es normal, es una violación al ordenamiento jurídico.

Es esencial que durante el proceso de elección del fiscal exista transparencia y se cuente con mecanismos para evitar que intervengan quienes puedan tener eventuales conflictos de interés, como por ejemplo alguna investigación en su contra. Asimismo, no se deben cometer las deficiencias vistas en el de magistrados durante la fase legislativa. En primer lugar, que no haya retrasos. En cuanto a las entrevistas a los candidatos, es positivo que serán abiertas al público, pero deben ser individualizadas y no quedarse en lo abstracto, además debe permitirse a la ciudadanía formular preguntas, las cuales si son respetuosas y pertinentes no deben censurarse. También se requiere de una tabla objetiva de evaluación del mérito o "baremos" técnicamente elaborados, lo que ha incomodado mucho y molestado a varios diputados, pues estos instrumentos determinan con claridad quiénes tienen el mejor perfil y quiénes no. Asimismo, debe existir una deliberación real y pública sobre los méritos, y no un mero intercambio de nombres, y finalmente, debe motivarse de forma suficiente la decisión.

Ya que no se aprobaron reformas al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para mejorar estos procesos, ojalá los puntos mencionados anteriormente se incluyan en un protocolo o metodología a seguir para la elección del fiscal general de la República, con el propósito de que quien resulte electo sea una persona idónea, con los conocimientos y experiencia necesarios, y que tenga el mejor perfil de los 33 que se han postulado, quien debería distinguirse por su independencia, rectitud y valentía.

La ciudadanía debe estar atenta para monitorear muy de cerca este proceso y exigir a los diputados que representan al pueblo entero, lo cual vale la pena recordarles a algunos pues parecen olvidarlo, que actúen bien, conforme les manda la Constitución.

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