La lucha contra la corrupción es siempre un ejercicio dificultoso y traumático como lo muestra ahora mismo el caso de Guatemala

Y esto que ocurre, de la forma en que está ocurriendo, hace patente que lo que procede en todas partes es no cejar bajo ninguna circunstancia en el empeño de mantener en pie la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, al costo que sea...
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Como se constata hoy con más nitidez que nunca en el escenario global, los esfuerzos para combatir y erradicar la corrupción y la impunidad que siempre la acompaña son una tarea que requiere mucha valentía, gran perseverancia y el despliegue de toda una serie de iniciativas que permitan ir avanzando con éxito en esa ruta tan poblada de escollos. Los mecanismos de resistencia que ponen en práctica aquellos que quieren mantenerse libres para seguir actuando al margen de la ley y en detrimento de la probidad no se detienen ante nada, según lo muestra la actual situación guatemalteca, donde el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se ve abiertamente agredido nada menos que por el Presidente de ese país al intentar expulsar al Jefe de dicha Comisión con la declaratoria de persona non grata, que de inmediato fue suspendida por decisión de la Corte de Constitucionalidad.

El caso es revelador en muchos sentidos: para empezar, fue la labor de dicha Comisión Internacional la que puso en jaque por comportamientos corruptos al Gobierno anterior de Guatemala, cuyo Presidente y su Vicepresidenta están hoy enjuiciados; y el valiente rechazo público a la corrupción fue lo que hizo que en las elecciones siguientes el electorado se inclinara por alguien que no era político y que llegaba bajo la bandera de hacer las cosas bien. Ese alguien es el actual Presidente Jimmy Morales, cuyo hermano e hijo se hallan hoy en la mira de la justicia por actos corruptos, y quien, por iniciativa de la CICG, está en vías de ser investigado por financiación ilegal de su campaña para llegar a la primera magistratura. Aunque él lo niegue, es evidente que tales señalamientos fueron los que precipitaron su decisión desesperada de declarar la expulsión del jefe de la CICIG; y ese es un signo muy claro de que Morales no se quiere exponer a la investigación correspondiente, de seguro porque lleva las de perder.

Tanto dentro de Guatemala como en el ámbito internacional la lluvia de críticas contra el proceder presidencial es copiosa y sin duda lo seguirá siendo. Y esto que ocurre, de la forma en que está ocurriendo, hace patente que lo que procede en todas partes es no cejar bajo ninguna circunstancia en el empeño de mantener en pie la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, al costo que sea, porque cualquier flaqueza o retroceso serían fatales para la buena marcha de los países y de sus respectivos procesos.

En el caso guatemalteco hay un ingrediente más que hay que tomar en cuenta: ante la falta de partidos políticos suficientemente instalados en el tiempo, las ofertas electorales son fenómenos de ocasión, y eso abre la puerta a las decisiones aventuradas, como la que se dio en los comicios de los que resultó ganador el Presidente Morales. En ese sentido, los salvadoreños tenemos una ventaja estructural que hay que cuidar: el hecho de contar con un esquema partidario firme en el tiempo aunque desde luego necesitado de modernizaciones, depuraciones y renovaciones que aseguren su permanencia saludable.

Esperamos que la actual situación guatemalteca tenga un desenlace acorde con los intereses de estabilidad y de legalidad que son tan definitorios del progreso en cada uno de nuestros países. Permitir que la corrupción prospere y que la impunidad le haga juego sería apostarle al fracaso histórico en dimensiones imprevisibles.
 

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