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La lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser un esfuerzo permanente, porque cualquier estancamiento o retroceso es de consecuencias impredecibles

Como una buena parte de los casos investigados y judicializados corresponden a personas que han ocupado u ocupan posiciones prominentes dentro del aparato estatal, el recurso argumental defensivo más trillado es el que alega “persecución política” cuando los hechos van saliendo a luz.
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Uno de los dinamismos que en nuestros días va tomando más impulso y más fuerza es el que se dirige al combate de la corrupción y a la erradicación de la impunidad. No es casual que tales brotes reparadores se estén dando en estos días, ya que en el mundo globalizado hay aperturas de todo tipo, entre ellas la que se refiere a mantener bajo control las conductas de todos aquellos que ejercen funciones de poder, de cualquier forma que eso se manifieste. Dado que esta es una tendencia que, con la fuerza y el impulso que ahora presenta, no tiene precedentes en el pasado inmediato, se hace previsible que haya tantas resistencias activadas para mantener inmunes los diversos mecanismos del comportamiento abusivo y delincuencial.

Como una buena parte de los casos investigados y judicializados corresponden a personas que han ocupado u ocupan posiciones prominentes dentro del aparato estatal, el recurso argumental defensivo más trillado es el que alega “persecución política” cuando los hechos van saliendo a luz. Aunque no es descartable que en algún caso específico pueda haber tal connotación, lo común, cuando las instituciones comienzan a ejercer su función fiscalizadora y persecutoria según lo que establece el orden legal, es que las situaciones se vayan destapando conforme a lo realmente sucedido. Es lo que vemos en el panorama nacional en estos días, con todas las señales promisorias que tal dinámica trae consigo.

Es de subrayar que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser un empeño de largo alcance, porque las tentaciones de retroceso nunca dejarán de estar ahí. Y las alertas son ahora tanto nacionales como internacionales, dado que los fenómenos muy fácilmente se regionalizan y globalizan. En ese marco hay que ubicar las recentísimas recomendaciones provenientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la quinta ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Tales recomendaciones incluyen aspectos preventivos como la adecuada selección de personal, regulaciones protectoras para los que denuncien actos corruptos, normas que castiguen la compra de voluntades y el fortalecimiento institucional de los entes que tienen la atribución directa de velar por la transparencia y por el comportamiento ético dentro de la función pública.

En otras palabras, se trata de un ejercicio de controles que abarca toda una gama de situaciones, ya que cuando el punto de mira es la conducta en cualquiera de sus manifestaciones, no sólo hay que enfocarse en los hechos sino sobre todo hay que evaluar las formas de ser y de proceder de las personas involucradas, independientemente de quiénes sean y de qué núcleo político provengan.

Cada cierto tiempo habrá que hacer un diagnóstico sincero y realista del estado en que están las cosas en este campo tan delicado y decisivo. Al respecto, datos tan reveladores como el resultante de la calificación descendente que ha obtenido El Salvador en el combate a la corrupción por parte de Transparencia Internacional deben servir para activar el compromiso de hacer un trabajo más eficiente y sostenido, en pro de una institucionalidad que esté debidamente preparada para merecer la confianza ciudadana.

En esta lucha continua toda tregua equivale a un retroceso, y es a eso a lo que no podemos exponernos so pena de desactivar lo logrado y de enconar el escepticismo.

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