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La lucha contra la violencia debe ser un proyecto nacional integral, sin fingir atajos como ese de la autorregulación del material informativo

Se trataría, pues, de intentar disfrazar lo que ocurre bajo el argumento de que hay que atenuar el dramático estado de cosas que vivimos “para no afectar la salud mental de la población”. Esto, que se presenta como autorregulación, envuelve sin duda el riesgo de una censura disfrazada.
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La violencia sigue campante en nuestro ambiente, y eso se vive y se padece en el día a día, con efectos devastadores para la normalidad del acontecer nacional. Y el trabajo tanto preventivo como represivo de las acciones delincuenciales que son las que más violencia generan está directamente en manos de las autoridades correspondientes. Esto hace que se esté enfocando constantemente el grado de efectividad que se produce desde los distintos ámbitos de la gestión pública al respecto, lo que genera valoraciones ciudadanas con implicación política sobre el desempeño de las instituciones y de los encargados de ellas. Ante eso, las tentaciones de hacer ver que las cosas no son tan graves como aparecen nunca dejan de estar presentes en el ánimo y en el propósito de los que gobiernan.

En estos días se ha dado a conocer la intención gubernamental de lograr que se apruebe una Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia, que entre sus disposiciones contiene una que ha puesto de inmediato en alerta a los medios de comunicación, y es esa que indica que “los medios de comunicación deberán contribuir en la prevención de la violencia, la convivencia y la cultura de paz en la población, procurando la autorregulación ética de la información y contenidos no violentos para no afectar la salud mental de la población, sin perjuicio del respeto a la libertad de expresión, de prensa y de información”. Ese lenguaje aparentemente bien intencionado envuelve muchas interrogaciones, pues deja todos los cabos sueltos sobre lo que en verdad se propone tal deber que sería impuesto desde el ámbito legal.

Conociendo cómo se dan las cosas dentro de los espacios de nuestra realidad, podría andarse buscando culpabilizar a la información sobre la imagen que resulte de los hechos violentos, cuando así le convenga al gestor político de turno. Se trataría, pues, de intentar disfrazar lo que ocurre bajo el argumento de que hay que atenuar el dramático estado de cosas que vivimos “para no afectar la salud mental de la población”. Esto, que se presenta como autorregulación, envuelve sin duda el riesgo de una censura disfrazada.

Es evidente que hay que hacer todo lo necesario para prevenir la violencia, asegurar la sana convivencia y promover en serio la cultura de paz, pero eso demanda, a todas luces, un esfuerzo de nivel mucho más alto, que debe comenzar por la consideración integral del fenómeno, que tiene diversas y muy potentes ramificaciones tanto internas como externas. Las cosas en este campo se han salido de control, y ahora vivimos una situación en la que el crimen hace de las suyas con desmedro progresivo de la legalidad establecida.

La propuesta de ley presentada en la Asamblea Legislativa debe ser analizada con sumo cuidado, para evitar que entremos por puerta disimulada al ejercicio controlador de la libertad de expresión, a la que se le llevan tantas ganas desde el poder. Lo que habría que hacer en serio es animarse de manera creativa y efectiva a la construcción de estrategias que le den tratamientos de fondo a la problemática de la violencia en el país. No irse por las ramas sino comenzar por las raíces, que es de donde nacen todos los problemas.

Estamos alertas, como siempre, para asegurar que las libertades de expresión, de información y de prensa se mantengan incólumes frente a todas las amenazas abiertas o encubiertas.
 

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