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La lucha eficaz contra toda forma de criminalidad organizada es punto vital

¿Qué es entonces lo que falta para que la lucha anticriminal tome posesión del terreno y se vayan produciendo las limpiezas oportunas dentro de la legalidad vigente? Esa es la pregunta que todos tendríamos que hacernos en forma directa y comprometida, para cortar esta prolongadísima racha de inseguridad y de zozobra que nos tiene atrapados desde hace tanto tiempo.
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Este es un tema que está presente en la vida cotidiana de los salvadoreños como una sombra maligna que se hace sentir en todas las formas imaginables: el control que ha tomado el crimen organizado, y muy particularmente los grupos pandilleriles, de los espacios tanto urbanos como rurales del país. Es como si viviéramos hoy en un doble despliegue de competencias: por una parte la distribución del poder legal y por otra la diseminación del poder criminal. Ante un fenómeno semejante, lo que tenemos son realidades superpuestas, que mantienen a la población en una especie de agonía permanente. Y lo más grave de todo es que lo que está cotidianamente en juego es la vida en sus diversas expresiones.

A diario se vierten, por todos los medios disponibles, alarmantes informaciones sobre el asedio del crimen sobre la población, llegando a límites que hasta hace poco hubieran sido inimaginables. Las pandillas se reparten el dominio de la cotidianidad ciudadana y los accesos a territorios, a zonas, a colonias y a poblados en todas las direcciones del país. La gente conoce perfectamente a los delincuentes que le hacen la vida imposible, pero casi nunca se atreve a denunciar los abusos y las vejaciones por desconfianza en el desempeño de las autoridades competentes y por la convicción probada mil veces en los hechos de que los criminales no amagan sino que ejecutan.

Y si el ciudadano común sabe lo que está pasando en su propio campo, las estructuras institucionales directamente encargadas de la persecución y del castigo del crimen y de quienes lo practican tienen sin duda una información precisa, detallada y personalizada de todo lo que ocurre. ¿Qué es entonces lo que falta para que la lucha anticriminal tome posesión del terreno y se vayan produciendo las limpiezas oportunas dentro de la legalidad vigente? Esa es la pregunta que todos tendríamos que hacernos en forma directa y comprometida, para cortar esta prolongadísima racha de inseguridad y de zozobra que nos tiene atrapados desde hace tanto tiempo.

Las instituciones competentes –y nos referimos en primer lugar a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y al Órgano Judicial– deberían integrar un plan de lucha que pase de lo coyuntural a lo estructural, porque todos tenemos que estar conscientes de que este desafío ya trascendió todos los límites y está ya a punto de convertirse en un mal terminal sin retorno.

El crimen nunca va a retroceder por su cuenta, y esto está sabido desde siempre en todas partes. Hay que atacarlo en su médula para tenga que retroceder sin alternativa. Hacia ahí hay que dirigir todo el accionar institucional.

El Estado y la sociedad tienen que prepararse sin más tardanza para ejercer la función reparadora que les corresponde, y lo único que puede garantizar el éxito es la coordinación bien planificada y bien ejecutada.

La población lo está exigiendo en voz cada vez más alta. Lo oímos en la opinión constante y en el ejercicio periódico del voto. Y el sonido expansivo de dicho reclamo ya no permite que nadie escape a la evidencia.

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