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La máquina

A primera vista, lo acontecido la última semana a la comunidad El Espino es solamente una tragedia en la que se combinaron inoportunamente exceso de fuerza policial, parálisis gubernamental en la asistencia a las 50 familias desalojadas y la mala sangre del juez de Paz de Antiguo Cuscatlán.
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Cristian Villalta / Gerente de El Gráfico

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Esa comprensión primitiva de lo ocurrido es la que le permite a la opinión pública digerir con naturalidad las imágenes de los desalojados viviendo a la intemperie en el bulevar Cancillería, entre los pedazos de lo que fue su hogar. La marginalidad y los excluidos forman parte de nuestro paisaje, educados como fuimos para naturalizar la pobreza. Entendemos que ya se las arreglarán, escuchamos que alguien les ha llevado cajas y plásticos, que el Gobierno les ayudará eventualmente, que anda un dinero por ahí para que se acomoden...

Dos semanas después, la crisis humanitaria continúa si bien el Gobierno reaccionó con la provisión de algunos servicios básicos y promueve una solución consensuada con los 154 desalojados, salvadoreños que tienen los mismos derechos constitucionales que usted o yo, que debieron ser la prioridad del Estado desde el mismo 16 de mayo. Entre esos compatriotas hay 46 menores de edad cuyo derecho a la honra y reputación ha sido atacado ilegalmente, en obvia violación al artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Mientras la comunidad no reciba una solución del Estado, ninguna inquisición sobre este tema es prioritaria. Sin embargo, hay dos temas en el tapete que ni siquiera nuestra tradicional hipocresía puede postergar.

La primera es la interesada velocidad de las instituciones del Estado. Por un lado, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria nunca cumplió con su obligación de transferir la propiedad de la tierra a cada familia habitante, como le fue comisionado en 1999. Luego, durante seis meses el Viceministerio de Vivienda no movió un dedo para reubicar a la comunidad pese a una orden de la Sala de lo Constitucional, más allá de “ofrecerles” desalojo y una compensación económica a la que poco les faltó bautizar como “beca para desplazados”.

La torpeza de ambos entes palidece ante la japonesa eficacia con la que los cuerpos de seguridad se desplegaron en los días del desalojo, obstaculizando el ejercicio periodístico y la libertad de circulación de los mismos habitantes.

La segunda cuestión es lo profundo que este caso y sus desgraciadas imágenes resuena (o debería) en la conciencia de nuestra nacionalidad. Desde 1881, cuando el gobierno de Rafael Zaldívar forzó la venta de las tierras comunales, el Estado salvadoreño adoptó una posición servil en el tema de la propiedad de la tierra, favoreciendo la acumulación, base de décadas de injusticia. La elevación de los intereses de un grupo económico hasta alcanzar dimensión nacional, con el poder político haciendo las veces de su mayordomo, ha sido un viejo deporte estatal que solo renueva a sus jugadores.

Que 137 años después nuestra nación siga ignorando los quejidos de los más pobres es una ignominia que pone en su justa dimensión a nuestros gobernantes, y dice mucho sobre los tradicionales beneficiarios de la confección del Estado. Esa es la verdadera máquina que se paseó sobre el cantón El Espino.

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