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La nacionalización es confiscación y eso es ilegal

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Luis Membreño - Economista

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Los sindicalistas gubernamentales afines al gobierno han expresado explícitamente que en la reunión que tuvieron con el presidente de la República, Nayib Bukele, acordaron una nacionalización del sistema de pensiones privado y que se les pague una pensión del 70 % del último salario a través del nuevo Instituto Nacional Autónomo Previsional (INAP).

La nacionalización de los fondos de pensiones sería una confiscación de las cuentas individuales de ahorro de 3.5 millones de salvadoreños, que tienen $13,500 millones ahorrados para su jubilación. Los trabajadores y empresarios aportan mensualmente $88.4 millones, lo cual hasta este año ha alcanzado para pagar las pensiones de 187,080 personas retiradas, de las cuales 97,369 son del sistema privado de pensiones y 89,711 son del sistema público de pensiones. En todo caso los recursos para pagar las pensiones de los 187,080 jubilados salen del sistema privado de pensiones.

La confiscación, según el artículo 106 de la Constitución Política vigente, es ilegal. "Se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles".

Si el presente gobierno decide confiscar los fondos de pensiones para pasarlos a un "Fondo Solidario" cada uno de los que autoricen y realicen el acto tendrán que responder personalmente con sus bienes, por el daño que ocasionen a los millones de salvadoreños perjudicados y ese delito es imprescriptible. Puede ser perseguido ahora o en el futuro. Los diputados de Nuevas Ideas, que en general son muy jóvenes al igual que el presidente Bukele, deberían repensarse cien veces si van a querer pasar en juicios y en la cárcel el resto de sus vidas.

Si el gobierno decidiera otorgarle el 70 % del último salario en concepto de jubilación a toda persona que ya esté retirada y a las que se retiren a partir de la vigencia de la contra reforma de pensiones, el sistema y los ahorros no durarían más de cinco años. Hagamos un ejercicio rápido: asumamos que se retiran 100,000 personas más y que todas obtuvieran en promedio una pensión de $700 mensuales, eso implicaría una erogación adicional anual a lo que ya paga el sistema de pensiones, de $840 millones, más el aguinaldo. Es decir que en un año como 2022 el Fondo Solidario tendría que pagar $2,200 millones en pensiones, pero solo recibiría ingresos de los cotizantes activos de $950 millones. Es decir que tendría un déficit en 2022 de $1,250 millones durante el primer año.

Las inversiones que tienen ambas AFP en títulos que no son del gobierno, pero que sí incluyen $1,200 millones en eurobonos del gobierno salvadoreño (muy devaluados por la caída en precio que han tenido), totalizan $3,154 millones según la SSF. Eso quiere decir que los fondos solo alcanzarían para dos años y ocho meses.

Si además el gobierno decidiera que se pague la pensión mínima en su totalidad, del Fondo Solidario, y si además quisiera sumarle la pensión universal, el fondo duraría todavía menos años. Esto nos lleva a la conclusión que para hacer una contra reforma de pensiones que sea sostenible a 70 años o más, lo primero que se debe de hacer es modelar los cambios que se quieran hacer en un estudio actuarial que lo realice una empresa de sólido prestigio internacional, que pueda garantizar que los resultados sean confiables.

Hasta este día el gobierno no ha dado a conocer la reforma de pensiones que pretende implementar, no se conoce que haya contratado a ninguna empresa internacional que esté haciendo el estudio actuarial y lo que sí esperamos los ciudadanos es que se dé un tiempo de varios meses para poder discutir con serenidad la reforma que más conviene al país. Tomando en cuenta que no debe ser confiscatoria, que no debe contemplar la nacionalización de los ahorros de los salvadoreños y que lo que debe prevalecer es el interés que los cotizantes puedan obtener una pensión digna, vitalicia, para la actual generación de retirados, tanto como para las siguientes generaciones, y que sea financiable con los recursos que cada quien ahorre durante su vida productiva.

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Tags:

  • nacionalización
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