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La niña y sus derechos: ¿Están en el centro del proceso judicial por la violencia sexual?

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Zaira Navas

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Más allá de opinar sobre los alcances jurídicos de la resolución emitida recientemente por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, respecto a las probables responsabilidades penales del magistrado Eduardo Escalante, por haber realizado "agresiones sexuales" o "tocamientos" en una niña de diez años, es importante que nos preguntemos ¿está el sistema de investigación penal debidamente formado y preparado para sustentar casos de violencia sexual tratándose de niñas? En casos como el que nos ocupa, ¿tanto investigadores como fiscales aplican el enfoque de género y el principio del interés superior de la niñez evitando su victimización al momento de documentar los hechos y recabar la prueba? ¿Qué criterios imperan en fiscales y juzgadores para realizar el análisis de tipicidad cuando conocen de cualquier hecho de violencia sexual en contra de niñas o mujeres?

Antes de responder estas y otras interrogantes, es indispensable dimensionar la esfera de protección que las normas nacionales e internacionales establecen para la protección de las niñas que son vulneradas en sus derechos a fin de evaluar si está funcionando debidamente, así como el impacto que dichas vulneraciones producen en la vida de una niña y de su comunidad cuando las respuestas estatales no son las correctas.

Tanto la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), como la Convención sobre los Derechos del Niño y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 16, determinan el deber de protección de las niñas frente a cualquier acto de violencia o abuso sexual y establecen su derecho a la indemnidad sexual; es decir, su derecho a no sufrir interferencias en su propia sexualidad y a ser protegidas contra todo acto que vulnere este derecho. Cuando una niña sufre un acto –cualquiera que sea– que afecta su indemnidad sexual, se ve perjudicada en su dignidad, al sufrir una intervención traumática producida por quien abusivamente invadió su intimidad. La violencia sexual en una niña produce daños psicológicos a corto y largo plazo que afectan tanto su capacidad para relacionarse socialmente, como su perspectiva de la propia pertenencia y autonomía de su cuerpo, entre otros graves problemas en el ajuste sexual y posibles trastornos disociativos de la personalidad. Entre los primeros efectos se destacan el temor a estar sola, la desconfianza de cualquier hombre o adulto, temor a ser juzgada, discriminada o estigmatizada.

En este caso, es claro que factores como que el acto sea atribuido a un funcionario judicial, que su entorno comunitario lo haya conocido inmediatamente, que haya trascendido al ámbito mediático, social y político, pueden agravar el impacto psicoemocional de la niña y de sus familiares. Si la respuesta del sistema judicial no es la adecuada, puede causar un sentimiento de mayor impotencia, desprotección y desconfianza que puede llegar hasta su adultez. La indignación colectiva, si no es responsablemente canalizada, también puede producir un impacto negativo en la vida privada de la misma niña.

Para que ella y otras niñas gocen de su derecho a ser protegidas de cualquier forma de violencia es imprescindible que el Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia se fortalezca para que responda en forma coordinada y articulada con el sistema de justicia, primando el interés superior frente a cualquier decisión que afecte la vida de una niña o un niño. Como sociedad debemos pasar de la indignación a la exigibilidad de la protección de los derechos de las niñas, a una justicia pronta y cumplida y a la creación y funcionamiento de programas sostenibles que atiendan integralmente los efectos de la violencia sexual en las niñas.

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