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La normalización del control territorial dentro del marco legal es indispensable para que el país entre en fase de recuperación verdadera

Se trata, sin duda, de una situación que habría que revertir de modo permanente, y eso sólo podrá lograrse si la recuperación de territorios se hace de manera definitiva, no con un simple ir y venir de las autoridades, que más desaliento y angustia provoca entre la población.
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Como se reconoce ya sin que haya forma de evadir la evidencia que los hechos nos muestran a diario en forma lacerante, en nuestro país hay un desajuste creciente de los espacios de convivencia, por efecto del accionar de las estructuras criminales, especialmente los grupos pandilleriles que han venido controlando territorios para hacer que la población quede cada vez más a merced de sus maniobras al margen de la ley. Esto viene produciendo una especie de grave distorsión en el ejercicio de la autoridad en el terreno: sigue existiendo, desde luego, la autoridad legalmente establecida; pero su ejercicio se ve constantemente desafiado por la implantación de mecanismos típicamente delincuenciales como la amenaza intimidatoria y la extorsión para vivir a costa del trabajo honrado de los demás.

Por efecto de esa distorsión que trastorna el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana a lo largo y a lo ancho de todo el mapa comunitario nacional, los ciudadanos se ven imposibilitados de ejercer sus actividades normales y corrientes en la forma a la que tienen derecho conforme a las regulaciones del sistema legal vigente. Las pandillas han establecido fronteras que definen su dominación de territorios, y el que las traspasa se expone a las consecuencias, que casi siempre implican muerte violenta. Esto, desde luego, es absolutamente incompatible con el Estado de Derecho, y por consiguiente lo que venimos padeciendo es el quebranto más grave del mismo aun en comparación con lo que se dio durante el largo período en que la guerra dominó todo lo que ocurría en el terreno.

Actualmente la incidencia de las estructuras pandilleriles se manifiesta no sólo en el vivir comunitario sino también en el ámbito económico nacional y aun en el quehacer político. Fenómenos como la extorsión, el narcotráfico y otros delitos le sirven al crimen organizado para allegarse constantemente grandes cantidades de recursos. Sólo en lo que se refiere a la extorsión se calcula que el producto de la misma alcanza algo así como 120 millones de dólares al año; y lo peor de esto es que dicha sangría afecta principalmente a gente y a grupos de bajo nivel económico, con el impacto demoledor que eso provoca en las condiciones de vida de la gente, aparte de la gravísima inseguridad que deriva de dicha práctica delincuencial.

En lo político hay pruebas suficientes de que diversas fuerzas partidarias han entrado en contacto con los grupos pandilleriles, sobre todo en períodos electorales. Esto va estrechamente vinculado con el dominio territorial que ejercen las llamadas “maras”, ya que tal control imposibilita los movimientos libres dentro de las distintas comunidades y zonas. Se trata, sin duda, de una situación que habría que revertir de modo permanente, y eso sólo podrá lograrse si la recuperación de territorios se hace de manera definitiva, no con un simple ir y venir de las autoridades, que más desaliento y angustia provoca entre la población.

Estamos en un punto en que el imperio de la ley debe ser puesto en vigencia real por encima de cualquier otra consideración. Se hacen esfuerzos, pero evidentemente no tienen la suficiencia que las circunstancias reclaman. Y el tiempo apremia, porque se avecinan etapas electorales, en las que siempre resulta más difícil poner las cosas en orden. Los meses por venir serán decisivos al respecto. Hay que emprender de inmediato una estrategia más funcional.

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