La opinión ciudadana vuelve a demostrar su poder determinante

Hay, pues, sobradas constataciones de que la impunidad institucional ya no tiene, ni mucho menos, los amplios márgenes en que antes se movía. La fuerza de la opinión ciudadana es cada vez más potente y pudiente...
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En el madrugón del pasado viernes, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que iban directamente destinadas a quitarle a dicha ley la capacidad de responder a plenitud a los objetivos que le habían dado vida. La práctica desactivación del Instituto creado por dicha normativa para asegurar que el derecho a la información aludida fuera una realidad y no sólo una apariencia estaba en el centro de las referidas reformas. Como opinamos de inmediato, ese nuevo desplante de poder venía a convertir la ley reformada en un burdo remedo de sí misma.

Pero en cuanto se conoció tal desaguisado legislativo las reacciones ciudadanas se hicieron sentir en el ambiente. Un malestar generalizado rodeó la decisión intempestiva de los diputados de tres partidos políticos. La reforma había sido iniciativa original del FMLN, según algunas versiones en acuerdo con el Ejecutivo, y todo hacía ver que se mantendría dicha reforma contra viento y marea. Sin embargo, la ola de rechazo pudo más, y eso de seguro movió las voluntades en la ruta contraria. El primer signo evidente de que las cosas eran insostenibles lo dio el Vicepresidente de la República y candidato presidencial del principal partido de izquierda cuando solicitó públicamente que el Presidente ejerciera el veto.

Ahora, el veto se ha producido, poniendo énfasis en lo fundamental, con argumentos jurídicos que son evidentes y que estaban ahí en todo momento. Lo incomprensible es que dichos argumentos no fueran suficientes, hace una semana, para disuadir el madrugón, que ha quedado como una muestra más de que las cosas políticas que antes se hacían impunemente ya no son factibles, porque la realidad misma las desarma en un dos por tres. La experiencia actual viene a sumarse a otras recientes, como fue la insostenibilidad del decreto 743 y la elección inconstitucional de magistrados y de Fiscal General al final de la legislatura pasada. Hay, pues, sobradas constataciones de que la impunidad institucional ya no tiene, ni mucho menos, los amplios márgenes en que antes se movía. La fuerza de la opinión ciudadana es cada vez más potente y pudiente, y más aún cuando nos encontramos inmersos en una campaña presidencial como la que ya está en el terreno. Nadie puede exponerse a quedar como encubridor de desmanes contra los derechos de la ciudadanía, y esto sin duda ha influido en el desenlace actual. Lo que uno se pregunta es: ¿Hasta cuándo los liderazgos políticos de toda índole acabarán de entender que deben ceñirse sin reservas a la racionalidad y a la responsabilidad para encajar con lo que el ciudadano les está demandando con creciente apremio?

Nos encontramos sin duda en un escenario político y social en movimiento, dentro del cual ya nadie puede manejarse conforme a los criterios desfasados que antes operaban sin exponerse a muy serias consecuencias. Y a esto nadie escapa, independientemente del poder que le cobije. Hay que recibir, entonces, esta nueva expresión del sentir ciudadano como una muestra fehaciente y muy alentadora de que nuestra democracia va tomando rumbo.

De aquí en adelante, si los mensajes y las lecciones se acogen y se asimilan como debe ser, es de esperar que iniciativas como la que abusivamente movió las reformas vetadas queden en el baúl de los malos recuerdos. El país hace lo propio para que su democratización camine por la buena ruta.

Tags:

  • desaguisado legislativo
  • voluntades
  • candidato presidencial

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