La plata como mordaza

Gobernantes de todas las tendencias utilizan el dinero como recompensa y castigo para disciplinar a medios privados, imponiéndoles multas exageradas, negándoles publicidad o restringiéndoles acceso a los insumos.
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Para silenciar a medios y periodistas, el narcotráfico les ofrece una insalvable opción: plata o plomo. Algunos Gobiernos, en cambio, son más sutiles, pero igualmente efectivos; dan a elegir entre plata o mordaza.

Gobernantes de todas las tendencias utilizan el dinero como recompensa y castigo para disciplinar a medios privados, imponiéndoles multas exageradas, negándoles publicidad o restringiéndoles acceso a los insumos. Si los medios se quejan, los acusan de mercantilistas, oligarcas y de no compadecerse con el pueblo, como a menudo lo hacen Rafael Correa, Cristina Kirchner o Evo Morales.

El ejemplo reciente es Globovisión en Venezuela. Los propietarios anunciaron la venta de la empresa de televisión, forzados por multas desproporcionadas que les impuso el Gobierno –la última de $2 millones– lo que hace inviable su modelo periodístico independiente y crítico. La estrategia de silenciar a Globovisión no es tanto el problema, como que el comprador en fila es un allegado al chavismo.

Este esquema de acogotar en lo económico para forzar la venta a partidarios del gobierno, no es nuevo. Es un mecanismo bien utilizado en Argentina, Ecuador y Bolivia. En Nicaragua es aún más perverso, muchos medios privados ya pasaron a manos de leales y familiares del presidente Daniel Ortega, quedando solo un canal en manos independientes.

Los Gobiernos también malgastan los dineros públicos para hacer publicidad en medios de su conveniencia, sin importarles la efectividad de su mensaje. La Sociedad Interamericana de Prensa, en su reciente reunión en México, cargó la culpabilidad de esta añeja práctica latinoamericana no solo en las autoridades, sino también en aquellos medios que las incentivan, ya que generan competencia desleal y divisiones en el gremio periodístico.

En varios países, los Gobiernos son aún más atrevidos. Fuerzan a empresas privadas a retirar la publicidad de los medios, boicoteando la fuente principal de ingresos.

En Argentina, bajo la excusa del congelamiento de precios, el Gobierno decretó que supermercados y comercios de electrodomésticos no pueden hacer publicidad, excediéndose en terrenos que competen a la libertad comercial.

En Ecuador y Honduras es práctica común de los presidentes Correa y Porfirio Lobo atacar a los medios independientes. Las reformas legislativas que promueven permitirán el absurdo de que en sus países haya tantos medios estatales como privados, a la vez de crear organismos oficiales de censura que podrán usar el mismo histrionismo económico que el Gobierno de Venezuela utilizó contra Globovisión.

Una postura diferente se está adoptando en México. El presidente Enrique Peña Nieto presentó una reforma de telecomunicaciones para terminar con el monopolio de la telefonía que mantiene el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, y con el duopolio de televisión entre Televisa y TV Azteca. De esta forma, el PRI, que por 70 años restringió la libertad de prensa, reconoce que mayor número de empresas y medios privados, más competencia y pluralidad, es la forma coherente de construir buena gobernanza y democracia.

El presidente Correa, ante el éxito en casa, intentó exportar la fórmula del dinero como mordaza. Su gobierno viene liderando a un grupo de países a favor de la reforma del sistema interamericano de derechos humanos. Este viernes, en la asamblea de la OEA, insistía en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no deberían operar con dineros que aportan Estados Unidos, Canadá, países europeos y fundaciones u ONG estadounidenses.

La prioridad reformista de Correa, bajo la excusa de que esas entidades son “instrumentos de la política exterior de Estados Unidos”, enmascara en realidad un ajuste de cuentas. Prometió que pulverizaría a la CIDH después que el organismo pidiera a la justicia de su país suspender la exagerada sentencia que le adjudicaba $40 millones por una columna que consideró difamatoria en El Universo; multa que pretendía el cierre del diario.

El uso político del dinero para comprar lealtades o como castigo para silenciar a los medios críticos, no solo es práctica corrupta y contraria a la libertad de prensa, sino subversiva de otras libertades económicas y democráticas declamadas en las constituciones.

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