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La población está visiblemente insatisfecha con la gestión gubernamental y con el rumbo del país y eso habría que atenderlo de inmediato

En lo que toca a la evaluación popular del trabajo de la Presidencia de la República hay un claro contraste con los puntajes que recibían los mandatarios anteriores, lo cual habría que considerarlo en clave más analítica. Los números no bastan: hay que calar en lo que está detrás de ellos.
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En la encuesta de LPG Datos más reciente queda plasmada en forma inequívoca la insatisfacción de la gente con la forma en que se está gestionando la actividad pública, especialmente en el nivel Ejecutivo, lo cual empalma con la sensación negativa que prevalece sobre el rumbo que viene trayendo el país en el curso de su proceso evolutivo. En lo que toca a la evaluación popular del trabajo de la Presidencia de la República hay un claro contraste con los puntajes que recibían los mandatarios anteriores, lo cual habría que considerarlo en clave más analítica. Los números no bastan: hay que calar en lo que está detrás de ellos. De seguro las ineficiencias y los manipuleos anteriores quedaban bastante disfrazados por la habilidad comunicativa de los gobernantes de entonces; y hoy, cuando el estilo presidencial es más bien reservado y sigiloso, quedan más en evidencia ante el ojo público las deficiencias e insuficiencias del momento.

En todo caso, debe mover a reflexión el resultado de la encuesta que comentamos: el 38% aprueba algo o mucho la gestión presidencial, y el 55% la desaprueba. La diferencia es significativa y lo pertinente sería que desde el interior del Gobierno se tomara en cuenta esta situación, no para esgrimir justificaciones superficiales sino para hacer replanteamientos de fondo. A todos nos conviene que las instituciones funcionen como se debe y como se requiere, con independencia de quiénes estén al frente de ellas, y eso es expresión directa de la lógica democrática a la que hay que apostarle creativamente en toda circunstancia.

Como se oye de manera constante desde los distintos espacios ciudadanos, lo que la gente quiere y demanda son soluciones efectivas a sus problemas y aperturas reales a sus aspiraciones. No es la ideologización la que mueve las decisiones de la ciudadanía, sino la confianza en que las respuestas que se dan desde la institucionalidad son las que corresponden para que el país avance de veras hacia una prosperidad que llegue a todos los salvadoreños en forma previsible y sostenible. En otras palabras, los discursos de ocasión y las declaraciones de conveniencia tienen cada vez menos paso en el ambiente, lo que hace inoperantes las viejas tácticas para ganar simpatías. Hoy no se trata de ganar simpatías sino de convencer voluntades.

Todo esto va íntimamente vinculado con el rumbo que lleve la dinámica nacional, en buena medida determinada por las decisiones que toman aquéllos que están al frente de la conducción del país. Con insistencia cada vez más significativa la población opina que el rumbo que llevamos es equivocado: 76.4% de los encuestados manifiestan que vamos por el rumbo incorrecto y sólo 10.3 consideran que el rumbo es correcto. Y también hay que destacar que van creciendo las preocupaciones ciudadanas por la incidencia de fenómenos como la corrupción y la ineficiencia en los planos institucionales.

El panorama, entonces, se presenta crecientemente complejo y saturado de desafíos. Las justificaciones exculpatorias en definitiva no sirven de nada: lo que se necesita es compromiso activo y eficaz así como capacidad de respuesta consistente y bien fundamentada a los múltiples problemas que siguen sin respuesta. Hay que oír la voz ciudadana con verdadero propósito de atenderla de la mejor forma posible, porque sólo así se podrá viabilizar la alianza virtuosa entre la institucionalidad y la sociedad.

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