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La población más desprotegida es la víctima principal de la grave inseguridad que venimos padeciendo desde hace tanto tiempo

Hay que acompañar las iniciativas institucionales que surgen con el propósito de cambiar las cosas para bien, pero sin dejar de insistir en que sólo un plan integral, estructurado y realizado como se debe, será capaz de movernos hacia el fin de este deplorable estado de cosas.
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Se repiten a diario las situaciones de acoso y de ataque contra las personas y las comunidades en prácticamente todos los espacios del país. Esto es tan reiterado y se practica de manera tan impune que ya se volvió característico del vivir ciudadano; y hasta la fecha, aunque hay diversas iniciativas institucionales para tratar de contener la ola de la inseguridad que ya se volvió tsunami constante, no se ha logrado generar la sensación de que el traumático estado de cosas imperante esté en vías de revertirse hacia una normalidad que permita la convivencia pacífica y el progreso general. Se habla a diario de toda esta cuestión desde los más diversos ángulos, pero en definitiva lo que se necesita y se espera queda siempre en veremos, porque parece que nadie se anima a entrarle a fondo al esfuerzo básico de lo que podría ser un giro de ciento ochenta grados en el manejo de la problemática nacional: ese acuerdo de país del que tienen que partir todas las iniciativas de cambio responsable.

En estos días, al iniciarse el nuevo año escolar, se tienen a la mano, por ejemplo, informaciones sobre una baja de unos 25,000 estudiantes en el sector de los colegios privados en el país, tanto por razones económicas como de seguridad. Lo que está en el trasfondo de un fenómeno tan preocupante como el mencionado es el estado de incertidumbre básica y generalizada que vivimos, y que afecta en primer lugar y con impactos más devastadores a la población que debe enfrentarse a diario a condiciones realmente peligrosas. Los ciudadanos tienen que circular por calles y caminos donde la delincuencia está presente haciendo de las suyas; y un buen número de comunidades se hallan prácticamente a merced del crimen, que impone fronteras en el terreno y define pagos arbitrarios que deben cumplir ciudadanos y negocios so pena de muerte. Esto no es vida, y en esa dimensión y magnitud deberían tomar su responsabilidad las autoridades encargadas de velar minuto a minuto por el imperio de la ley.

Si en tiempos del conflicto bélico y durante el período posterior al mismo ha sido posible identificar y seguir identificando víctimas producto de la lucha sin cuartel que se vivía en aquellos entonces, en estos tiempos la victimización es aún mayor y con un grado de desfachatez y de impunidad que ha traspasado todos los límites. Y esto, por supuesto, incide con máxima negatividad en el progreso de las personas y de las comunidades. Si a eso se agrega la crónica falta de un verdadero desarrollo territorial y local tenemos un panorama desalentador que trastorna el presente y ensombrece el futuro.

Es fundamental que se realicen los diagnósticos sinceros y completos de todo este fenómeno, para sacar de ahí las líneas de tratamiento que puedan llevar a soluciones auténticas. Resulta lamentable que se continúe en la superficialidad tanto de los enfoques como de las propuestas de acción. Como se dice en el lenguaje popular: hay que tomar el toro por los cuernos, para ejercer el control que exigen las circunstancias y las leyes. Si no es así, todo lo que se haga acabará siendo fallido, o, cuando más, insuficiente, como hasta hoy.

Hay que acompañar las iniciativas institucionales que surgen con el propósito de cambiar las cosas para bien, pero sin dejar de insistir en que sólo un plan integral, estructurado y realizado como se debe, será capaz de movernos hacia el fin de este deplorable estado de cosas.

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  • inseguridad
  • convivencia
  • progreso
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