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La población sigue desprotegida por la ausencia de Sala de lo Constitucional

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Javier Castro De León / Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

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El tema más importante para la institucionalidad democrática en estos momentos es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo retraso por parte de la Asamblea Legislativa ha provocado que tengamos 54 días sin Sala de lo Constitucional, con lo que la población continúa desprotegida ante la violación de sus derechos constitucionales.

Dicha desprotección se materializa, por un lado, en más de 115 demandas que han sido presentadas a la Sala de lo Constitucional por ciudadanos que necesitan justicia, que buscan la tutela y protección del Estado en defensa de sus derechos constitucionales, pero que no pueden recibirlas debido a la falta de magistrados; por otro lado, la desprotección también se manifiesta al no poder impulsarse los más de 700 procesos constitucionales que están en curso dentro de la Sala, lo que implica que no habrá justicia efectiva y oportuna, y la mora judicial se incrementará.

Pero también hay otros efectos, pues recientemente el presidente de la República ha emitido tres vetos por inconstitucionalidad, algo que no había sido común de su parte y que no deja de generar suspicacias en el contexto actual. Si los vetos fueran superados y los proyectos de ley ratificados por los 56 votos de los diputados, se deberán remitir a la Sala de lo Constitucional para que decida si son constitucionales o no. Sin embargo, como no hay Sala, no habría manera de que esta conociera, por lo que los proyectos quedarían en un limbo, y el respectivo proceso de formación de ley en suspenso.

Es reprochable que a algunos diputados parece no importarles los daños que causa al país el no contar con una Sala de lo Constitucional bien integrada (actualmente solo hay un magistrado propietario y un suplente) y que el Estado esté funcionando de forma irregular, olvidándose que se deben por completo a la población y que están obligados a respetar la Constitución y la jurisprudencia. Ojalá que el entrampamiento no responda a intereses oscuros que persigan minar la independencia de la Sala y controlar los casos de probidad.

La sociedad civil está exigiendo que la elección se realice tomando en cuenta a las personas más idóneas. Para determinar esto es que se ha insistido en los baremos o tablas de evaluación objetiva, y que ante la negativa de la Comisión Política de utilizar uno, ya hay tres técnicamente bien elaborados. Resulta inexplicable que no pueda haber un consenso para escoger a las personas mejor evaluadas. Sería censurable que la resistencia a elegir a los perfiles mejor calificados se deba al temor a elegir a personas decentes y correctas que no se van a prestar a manipulaciones.

La sociedad está observando mucho este proceso, al igual que la comunidad internacional, tal como se conoció recientemente con la nota enviada a la Asamblea Legislativa por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Es necesario que los diputados asuman su responsabilidad y de forma transparente deliberen, se apoyen en los baremos y realicen pronto la elección de los mejores magistrados bajo los criterios de idoneidad, independencia y honorabilidad, tal como se los manda la Constitución, a efecto de que la población no continúe desprotegida por más tiempo.

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