La política climática no debería forzarse en los tribunales de justicia

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Bjorn Lomborg - Director del Centro de Consenso de Copenhague

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A pesar de la intensa preocupación por el clima, los electores no han estado dispuestos a gastar los billones necesarios para reducir drásticamente las emisiones. Por ello, los defensores del clima han recurrido cada vez más a una nueva estrategia: forzar la política climática a través de los tribunales de justicia. En todo el mundo, la ONU cuenta ahora con al menos 1,550 casos climáticos de este tipo en 38 países, a menudo promovidos por jóvenes que invocan el temor por su futuro.

Desde el comienzo de las negociaciones sobre el clima ha sido difícil obligar a los gobiernos a hacer grandes promesas y cumplirlas. Esto se debe a que una política climática firme es enormemente costosa y proporciona beneficios climáticos minúsculos. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha prometido gastar 500,000 millones de dólares anuales en políticas climáticas. Sin embargo, su tan alabada promesa de duplicar las reducciones prometidas por Obama –incluso si se cumple en su totalidad y se mantiene a lo largo de este siglo– reducirá en el mejor de los casos el calentamiento global en 0.04 °C para finales del siglo XXI.

Además, es difícil mantener mayorías consistentes que voten por políticas climáticas caras. Las promesas de Biden le cuestan a cada estadounidense 1,500 dólares al año, mientras que las encuestas muestran que la mayoría no está dispuesta a pagar más de 24 dólares al año. Esto es insostenible, al igual que ocurrió en Francia en 2018 cuando un impuesto ecológico sobre los combustibles llevó a años de protestas y a una eventual eliminación de la propuesta.

Sin embargo, los casos judiciales victoriosos, como el de los Países Bajos en 2019 o el de Alemania el mes pasado, pueden eludir el proceso político y forzar una política climática más fuerte que la elegida por los gobiernos.

Muchos casos se basan en la historia de que el cambio climático roba a los jóvenes su futuro. Pero el Grupo de Expertos sobre el Clima de la ONU no apoya ese alarmismo. En su último informe, concluye que los daños derivados del cambio climático no mitigados costarán al mundo el 2.6 % del PBI para el año 2100. Para entonces, la ONU espera que la persona media sea un 450 % más rica que hoy. Los impactos climáticos negativos significan que solo seremos un 438 % más ricos.

A pesar del cambio climático, la vida de los jóvenes de todo el mundo será mucho mejor en 2100. En los escenarios de la ONU para el siglo XXI, la gente vivirá más tiempo, estará mejor educada y dispondrá de más recursos para disfrutar de la vida, al tiempo que se enfrentará a retos imprevisibles y previsibles, entre ellos el cambio climático.

Desde este punto de vista, los juicios sobre el clima no son esfuerzos desesperados por obligar a las democracias a garantizar un planeta habitable. Por el contrario, simplemente abrevian el molesto proceso democrático para garantizar las preferencias de gastos de un subgrupo que no pudo conseguir que la mayoría votara a favor de sus propuestas.

Por otro lado, este enfoque defrauda a los pobres, tanto en los países ricos como en los que están en vías de desarrollo. Para muchos, la energía ya se está volviendo inaccesible. En países ricos como Alemania, los precios de la electricidad se han duplicado en las dos últimas décadas, dejando a más del 30 % de los hogares en situación de pobreza energética. En los países en desarrollo, miles de millones de pobres no pueden pagar un acceso fiable a la energía. Los estudios muestran que la aplicación del Acuerdo de París mantendrá a más personas en la pobreza en 2030. La intensificación de las políticas climáticas en los tribunales significará que habrá aún más personas en la pobreza debido a la ralentización del crecimiento económico.

La gran mayoría de los casos judiciales relacionados con el clima se encuentran en el mundo rico, donde la reducción de las emisiones tendrá poco impacto. Esto se debe a que las tres cuartas partes de las emisiones de este siglo provienen de los países en desarrollo, que tienen demandas mucho más críticas para salir de la pobreza extrema. Solo los ricos y bienintencionados están dispuestos a pagar mucho más para reducir un poco sus emisiones, y los casos judiciales no hacen más que reforzarlo.

Si queremos reducir drásticamente las emisiones, debemos cambiar nuestro gasto hacia una mayor inversión en innovación verde. Si pudiéramos innovar la futura energía verde para que fuera más barata que los combustibles fósiles, todo el mundo se cambiaría. Invertir en I+D verde será mucho más aceptable para el electorado, ya que es más barato y no perjudica a los pobres. Y podría ayudarnos a solucionar el cambio climático.

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