Lo más visto

Más de Opinión

La política debe ponerse siempre al servicio de los intereses de la nación

Por efecto directo de la evolución propia del proceso democrático, ahora la política se halla mucho más vigilada que antes, y sus ejecutorias están en escrutinio constante desde los diversos ángulos de la sociedad civil.
Enlace copiado
La Prensa Gráfica

La Prensa Gráfica

Enlace copiado

En nuestro ambiente, como prácticamente en todas partes, el ejercicio de la política recibe cada vez más cuestionamientos que provienen en gran medida del ámbito ciudadano, porque la ciudadanía no se siente suficientemente representada en lo que corresponde a la satisfacción de sus aspiraciones de mejoramiento y a la seguridad básica a la que tiene derecho. Habría que insistir en el hecho de que la política sólo es un instrumental para el cumplimiento de funciones al servicio del bien común, y al no entenderlo y practicarlo así se empieza a generar la distorsión endémica de hacer que la política se imponga sobre todo, como si ella fuera un fin en sí mismo. Corregir tal distorsión debe convertirse en una tarea imperiosa para que las dinámicas nacionales vayan entrando en la lógica que corresponde.

En el país el tema del comportamiento de la política gana terreno en la medida que la democracia asume más funciones dentro de su proceso evolutivo. Y eso tiene en estos momentos un área de particular exposición, que es la referente al trabajo de la justicia constitucional, a partir del desempeño que viene desplegando la Sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia. En momentos anteriores, la justicia constitucional pasaba prácticamente inadvertida porque su desempeño estaba muy mediatizado por los intereses del poder, y eso se hacía sin mayores disimulos al ser una práctica ya consuetudinaria. Es entendible, entonces, que al irse proyectando la independencia de la Sala actual, las presiones y las amenazas se multipliquen.

La política nunca se resigna de buen grado a dejar atrás sus manejos distorsionados, y por ello el Estado de Derecho, sustentado por la voluntad ciudadana, debe poner todo lo que sea necesario para que la normalidad institucional mantenga su primacía. La institucionalidad bien concebida y bien cimentada vive en una constante administración de las atribuciones que a cada quien le competen, y ahí tienen que conjugarse el sano desempeño de los funcionarios y la efectiva fiscalización del mismo por parte de los entes encargados, como son la Corte de Cuentas de la República y las entidades que monitorean la probidad.

Por efecto directo de la evolución propia del proceso democrático, ahora la política se halla mucho más vigilada que antes, y sus ejecutorias están en escrutinio constante desde los diversos ángulos de la sociedad civil. Esto hace que el quehacer político y el ejercicio institucional vayan teniendo que aceptar los límites de las funciones respectivas, que son connaturales a las mismas. No es desde luego una aceptación espontánea, según se nota en las reacciones airadas y aun agresivas que despiertan ciertas decisiones destinadas a poner orden, como muchas de las que emanan de la justicia constitucional.

Las fuerzas políticas en específico y los diversos actores tanto partidarios como institucionales se encuentran expuestos a la valoración de la ciudadanía, y este es, de seguro, el signo más elocuente de que el sistema de vida pública va entrando en ruta de autodepuración progresiva. Se habla poco de este fenómeno, pero está aquí, en el día a día, haciéndose sentir como una clara señal de los tiempos que corren. Aunque la sensación contraria vaya ganando terreno, lo cierto es que necesitamos de la política, de sus fuerzas y de sus figuras representativas, y en la medida que esto se reconozca y los haga entrar a todos en razón el país ganará vitalidad y funcionalidad.

Lee también

Comentarios