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La pregunta es ¿qué pasará cuando el régimen haya concluido?

Entre algunos sectores hay una sensación de indefensión, otros entienden que la excepción ha sido positiva pero no saben hacia dónde conducirán las pesquisas y están quienes consideran que lo que se ha sembrado es más bien injusticia, fruto de una ola de impunidad.

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La Asociación Nacional de la Empresa Privada aportó una pregunta que acaso por evidente no ha estado en la mesa, a propósito del régimen de excepción como respuesta a la ola homicida de finales de marzo. La gremial se pregunta ¿qué pasará cuando el régimen concluya? ¿Qué medidas van a tomarse una vez el Estado desactive esa situación?

Es el momento adecuado para preguntarlo, tras la segunda prórroga de la excepcionalidad. Y no es posible responder si antes el gobierno no cuenta con una evaluación de la situación que pueda compartir con la nación. Ese es un reto ingente para la administración porque la ponderación de los resultados sólo aplica una vez diagnosticado el problema, y los hechos se han sucedido tan vertiginosamente, el shock nacional fue creciendo de modo exponencial primero con el fin de semana de la agresión terrorista y luego con el despliegue militar y policial y el endurecimiento del discurso oficial, que ni siquiera se ha identificado ante el público si los perpetradores fueron una pandilla, varias, todas ellas, ni si esa manifestación de fuerza delictiva y despliegue territorial fue un mensaje en seco, una reacción en el marco de una dinámica con la institucionalidad o una declaración de guerra. Haya sido lo que haya sido, cualquier evaluación de los pasos a seguir parte de esa información.

Puede suponerse que en la lectura de la situación, aquel fin de semana fatídico, el gobierno estimó que la única respuesta posible era a través del uso de la fuerza, el control de ciertos territorios en clave militar; también puede imaginarse que ante las características de esos grupos, identificar individualmente a los hechores intelectuales y materiales era improbable a menos que se contase con los amplios márgenes del estado de excepción.

Sin embargo, aun haciendo esas concesiones al leer las acciones tomadas por las fuerzas del orden y el ministerio público, es difícil creer que a partir de las primeras detenciones, de las primeras confesiones y de la reconstrucción de las decenas de crímenes firmados en aquellas 72 horas, no hayan aflorado indicios de lo ocurrido, que no haya fuerza probatoria contra miembros de esas estructuras. La política de seguridad queda incompleta si en la memoria colectiva no queda instalada la convicción de que se ha hecho justicia, y por eso mismo es imperativo que el Estado comparta su tesis de lo ocurrido.

Lo que ha pasado va en la dirección contraria: entre algunos sectores hay una sensación de indefensión, otros entienden que la excepción ha sido positiva pero no saben hacia dónde conducirán las pesquisas y están quienes consideran que lo que se ha sembrado es más bien injusticia, fruto de una ola de impunidad.

Esa es una de las materias primas con las que se debe comenzar a trabajar en el primer día posterior al estado de excepción, presumiblemente en junio: que el Estado le dé prioridad a la investigación de las injusticias y abusos cometidos, y garantice a la ciudadanía que serán resarcidos. Eso es tan importante como la exposición de motivos y métodos seguidos por los terroristas para firmar la ola homicida, la identificación y descripción de la participación de los responsables, y el compromiso de trabajar contra la marginalidad en aquellas comunidades, barrios e incluso municipios más azotados por la delincuencia.

Cuando el régimen concluya, debe pasar algo más que coerción y fuerza. Y ni el Estado ni el gobierno deben aislarse ante ese reto, aun si eso les obligue a romper con su inercia insular y su aislamiento.

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Tags:

  • régimen
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  • gobierno
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