La privatización del Estado

No hacemos estas interrogantes desde el púlpito de la pureza, sino desde el de una ciudadanía que pretende ser decente.
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La “privatización” del Estado es la madre de todas las privatizaciones. Se trata de la ocupación y/o uso del Estado para favorecer intereses privados. Aunque estos son diversos, nos vamos a referir acá solamente a los intereses económicos. Se trata de personas o grupos de interés, de empresas nacionales o extranjeras, de partidos políticos, iglesias, etcétera, que se “apropian” y/o usan los resortes del Estado para hacer fortuna.

En América Latina abunda la privatización del Estado. Lo pone en evidencia la dictadura familiar Ortega-Murillo y la riqueza en manos de la pareja y sus allegados; la fortuna súbita de la vicepresidenta de Guatemala; las millonarias cuentas externas de la cúpula chavista de Venezuela; el escándalo inmobiliario de las mansiones a precio de “me lo llevo” por parte de la esposa del presidente Peña Nieto de México y del secretario de Hacienda; más reciente tenemos el caso de Petrobras en Brasil, donde salió a flote una larga trama de enriquecimientos ilícitos y compra de favores políticos, mostrando así la podredumbre existente en buena parte de los partidos políticos, especialmente del partido gobernante.

En El Salvador hay mucho que investigar al respecto. Levantemos algunas interrogantes. Recordemos la forma cómo se realizaron las privatizaciones, especialmente la de los bancos. Posiblemente las cosas se hicieron de manera legal pero no necesariamente fueron legítimas. ¿Hasta qué punto se usaron las instancias del Estado y/o se establecieron leyes y reglamentos que facilitaron que un grupo de personas se quedaran con tan lucrativo negocio a cambio de relativamente pocos colones?

Algo parecido podemos decir del caso de las donaciones de Taiwán: ¿sirvieron las relaciones internacionales entre Estados para favorecer las arcas de la campaña política de ARENA y/o las cuentas de algunas personas? Por otra parte ¿se modificaron en el gobierno de Saca los reglamentos presupuestarios de funcionamiento de la millonaria partida de gastos imprevistos, incrementando sustantivamente los gastos de Casa Presidencial, para uso personal y/o partidario? ¿Se llegó intencionalmente al arbitraje para recibir comisiones de la empresa constructora de la Diego de Holguín en la época del ministro Gutiérrez?

Entendemos que Funes no tenía mayores propiedades antes de ser presidente. ¿Podrá alguien en tan corto tiempo entrar rascuache y salir engalanado, entrar enclenque y salir bien nutrido? ¿Podrá el ciudadano Funes explicarnos ahora todas las interrogantes que han salido publicadas sobre su gestión respecto a los beneficios recibidos por algunos de sus amigos y amigas? ¿Podrá asegurarnos el ciudadano Funes que no usó los resortes del Estado para dar la mayoría de contratos de publicidad y seguridad a sus amiguetes, casas y negocios a sus amigas, usar discrecionalmente los gastos imprevistos del presupuesto, facilitar el pago de más de $100 millones por la construcción del hoyo del Chaparral? Si nos responde adecuadamente a estas interrogantes, que su supuesto guía espiritual lo bendiga. Espero en todo caso que si no responde, por lo menos me dedique en sus momentos de sobriedad un par de puteadas y difamaciones en su rol de tuitero de mala muerte. Si no lo hace, me sentiría tan ninguneado como usted se siente ahora.

Finalmente, en el presente gobierno, otrora antiprivatizaciones, también ha continuado la privatización del Estado. ¿ALBA y sus empresas han gestionado sus negocios sin la ayuda estatal? ¿Han ganado por eficientes las licitaciones que tienen actualmente con varias instituciones del Estado? Por otro lado, ¿podrá explicarnos el próximo ciudadano Reyes cómo ha obtenido todas las propiedades que posee y de dónde sacó el dinero para obtenerlas? ¿Podrá comprobar que no ha usado su posición de presidente de la Asamblea para obtener ventaja en los negocios con el IPSFA? Y más allá de este caso, la interrogante más preocupante de cara a la crítica situación del IPSFA surge de la venta que están haciendo de muchas de sus preciadas propiedades: ¿hay funcionarios que se están aprovechando de una posible “piñata” de los activos del IPSFA?

No hacemos estas interrogantes desde el púlpito de la pureza, sino desde el de una ciudadanía que pretende ser decente, que no quiere hacer de la picardía una forma normal de vida.

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